Piden que los acusados por la difusión del vídeo sexual de Ordes paguen por eliminarlo

La acusación particular en el caso del vídeo de contenido sexual que se difundió en la localidad coruñesa de Ordes entre los veranos de 2004 y de 2005 ha aumentado las indemnizaciones que pide para los quince acusados y ha solicitado que paguen los gastos de la eliminación de internet de este archivo.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido hoy la quinta y última sesión del juicio contra quince acusados de haber difundido un vídeo de una joven masturbándose, para los que la Fiscalía pide penas de prisión de entre dos y ocho años y la acusación particular solicita entre tres y diez.

El abogado que representa a la protagonista de esta grabación ha relatado en sus conclusiones que mantiene las penas pero pide hasta 30.000 euros para el principal acusado, el informático que presuntamente habría sustraído el contenido del ordenador de la denunciante, 15.000 para sus dos principales difusores y 11.000 para el resto.

Entre sus peticiones comparte con el Ministerio Fiscal que los acusados, que eran dieciocho y ahora son quince tras retirar los cargos a tres, corran con los gastos de conseguir que el vídeo se elimine de los diferentes servidores y buscadores de internet.

La Fiscalía y la acusación han recordado que, al igual que tienen rigor para retirar los cargos contra tres, lo mantienen con el resto por un caso que "explotó" el 5 de agosto de 2005 y en el que, según explicó una agente de la Guardia Civil, "sabían que estaban haciendo algo malo".

La acusación sostiene que la única manera de obtener la copia de este vídeo es quitarla del ordenador y señala al acusado apodado "Cristalero" como el mayor difusor del vídeo, pues lo distribuyó a "todo aquel" que se lo pidió, indica.

Las defensas han apuntado a la posible prescripción de los hechos y la atenuante de dilaciones indebidas, tanto en el caso de los que ya reconocieron la difusión del vídeo como de quienes dicen que sólo lo vieron.

El abogado Jorge Vázquez, que defiende al informático, ha señalado que se trata de un "delito difícil de probar" y que se piden penas para su representado -el principal acusado- de entre ocho y diez años que "se pueden equiparar a una condena por tráfico de drogas u homicidio".

Recuerda que ha visto "a gente que no ha pisado la prisión siendo personas absolutamente peligrosas para la sociedad" y por eso no acaba de ver clara una posible condena ya que, además, "ningún testigo ha señalado directamente a Javier M.B" y ni siquiera lo ha hecho el perito informático".

Para el representante legal del "Cristalero", que reconoce haber distribuido el vídeo pero niega haberlo vendido a cinco euros en la piscina de Ordes, "falta acreditar el origen ilícito" de la grabación y por lo tanto corresponde la "absolución de todos los acusados" si éste no se puede probar.

Opina que si no se demuestra eso, tampoco se podrá demostrar que lo que hacían era ilegal, como un delito de revelación de secretos, y considera que lo que sucede con el citado "Cristalero" representa una muestra de que el proceso judicial no ha discurrido por los cauces que debería.

"Es el ejemplo paradigmático de lo que fue esta instrucción, basada en rumores y cotilleos de instituto. Se le acusa sin aportar el nombre de ninguna persona que haya adquirido el disco ni de un testigo de referencia", ha aseverado.

Tras la presentación hoy de las conclusiones por las partes, este caso ha quedado visto para sentencia.

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