La plataforma Xustiza para Diego ha pedido al Gobierno de España "mayor implicación" en el caso de Diego Bello después de que la Comisión de Derechos Humanos en Filipinas indicase que la policía "disparó deliberadamente a matar" al coruñés abatido el 7 de enero.
Tras obtener esta resolución, esta agrupación, que reclama desde A Coruña que se depuren responsabilidades por lo que consideran un "asesinato", ha exigido de nuevo la actuación del Ejecutivo central.
Para los amigos y familiares del coruñés, se trata de una "violación de los derechos humanos" de un ciudadano español por la policía de Filipinas, país con el que España mantiene relaciones diplomáticas.
Esta misma plataforma ha anunciado más movilizaciones para condenar el asesinato de Diego Bello. "La falta de respuesta española podría generar inseguridad a los residentes españoles en el país asiático y cierta sensación de impunidad en las fuerzas del orden filipinas con respecto a los españoles residentes en el archipiélago", aseguran.
Por otra parte, el BNG de A Coruña ha pedido que se "intensifiquen las presiones políticas" para que no quede "impune" esta "ejecución extrajudicial". Por ello, los nacionalistas registrarán iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Ayuntamiento de A Coruña para que "se haga justicia" y "se juzgue a los asesinos" de Diego Bello.
Estas reclamaciones llegan después de que la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas emitiese un informe sobre la muerte a tiros del coruñés Diego Bello, en el que indica que la policía disparó "deliberadamente" y apunta a la "dudosa" credibilidad del argumento esgrimido por el cuerpo de seguridad sobre la legítima defensa.
El texto, al que ha tenido acceso Efe, ha determinado la existencia de una "violación de los Derechos Humanos" en el caso de la muerte del empresario de 32 años el pasado mes de enero, a manos de la policía filipina, en la isla de Siargao, al sur del archipiélago.
Así, esta oficina de la Comisión de Derechos Humanos, que ha investigado el suceso entre los meses de enero y julio, no avala la legítima defensa de la policía por, entre otras razones, el "número" de disparos efectuados y por la "ubicación" de las balas que provocaron su muerte.
