El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha admitido a trámite una querella de familiares de los 21 fallecidos por el hundimiento en aguas de Terranova (Canadá) del Villa de Pitanxo contra el patrón del barco, Juan Padín, y la armadora, Pesquerías Nores Marín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.
Moreno, en un auto del 31 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, ha decidido admitir la querella solo con respecto a Padín y la armadora, pero ha excluido a Eduardo Rial, el sobrino del patrón, porque ya había sido citado a declarar este lunes en la AN, "sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias a practicar", según señala el titular del uzgado Central de Instrucción Número 2.
Fuentes jurídicas han comunicado a Europa Press que el juez Moreno es el competente para tramitar esta querella, que fue presentada el pasado 26 de octubre, hasta que decida si plantea o no una cuestión de competencia al Tribunal Supremo. Según el auto, la Fiscalía se opuso a la petición de imputar a Eduardo Rial.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional trató de remitir la causa al Juzgado de Instrucción de Marín, por ser la localidad donde radica el puerto base del navío. No obstante, dicho juzgado pontevedrés rechazó la inhibición, al entender que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos en aguas internacionales.
Moreno ya prohibió, el pasado lunes, salir de España a Padín, después de que el patrón declarase como imputado por su presunta responsabilidad en el hundimiento del pesquero gallego el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, donde murieron 21 marineros.
El juez de la Audiencia Nacional también ordenó retirar el pasaporte a Padín y le impuso las obligaciones de comparecer cada quince días en sede judicial y permanecer localizado.
De esta forma, Moreno accedía a lo pedido por la Fiscalía y a lo que se sumaron las familias de los fallecidos, si bien alguna acusación particular también había reclamado prisión provisional, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
"Atendiendo a las circunstancias personales del investigado, constando en la causa la existencia de arraigo suficiente, no apreciándose riesgo de fuga y siendo la prisión provisional una medida de carácter excepcional procede, por tanto, acordar una medida menos gravosa", consideró el juez el lunes en un auto.
Padín, su sobrino y el marinero Samuel Kwesi, los únicos supervivientes del naufragio, acudieron este lunes a la AN para declarar, el primero como imputado y los otros dos como testigos, después de que el juez viera indicios de 21 homicidios imprudentes.
TRAJES DE SUPERVIVENCIA. El patrón se ratificó el lunes en la versión que había ofrecido hasta ahora, esto es, que sobre las 04.00 horas de esa madrugada el motor del pesquero gallego se paró, lo que dadas las condiciones meteorológicas existentes en ese momento provocó la tragedia.
Asimismo, Padín sostuvo que, llegado el momento crítico, dio orden de que toda la tripulación se pusiera el traje de supervivencia, al tiempo que ha aseverado que habría trajes suficientes para todas las personas que iban a bordo.
Este es un punto conflictivo por cuanto, según recoge el auto dictado por Moreno, en el expediente remitido por la Capitanía Marítima de Vigo consta que "el número total de personas para las que se había provisto dispositivos de salvamento era de 22".
Sin embargo, en la Protesta de Mar realizada por el propio Padín ante el cónsul español en Montreal –una especie de parte de accidente–, "se pone de manifiesto que la tripulación estaba compuesta por 24 personas". "Lo que permite suponer que se carecía de las medidas de seguridad y salvamento para tres tripulantes", resaltaba la Fiscalía en un informe que aparecía en dicho auto.
Samuel Kwesi y el patrón, distintas versiones
Kwesi corroboró igualmente su última versión, que dista de la ofrecida por Padín y Rial. De acuerdo con el marinero ghanés, no hubo orden expresa de que se pusieran los trajes de supervivencia, algo que le llamó la atención porque el patrón y su sobrino sí los llevaban.
En cuanto a por qué el resto de la tripulación no llevaba puesto el equipo de salvamento, Padín subrayó que era responsabilidad de cada uno ponérselo, si bien apostilló que la tripulación del Villa de Pitanxo estaba en shock, según las citadas fuentes.
Kwesi, que en un primer momento sí dio una versión coincidente, en esta última --la que ratificó-- también describió que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora.
Por ello, gritaron a Padín que soltara los aparejos, pero éste se negó. Después, con el buque muy ladeado, se paró el motor y se incrementó la escora de babor, narró Kwesi entonces.
Rial, por su parte, vino a respaldar su versión y la de su tío, los cuales afirman que, tras dar la orden de abandonar el Villa de Pitanxo, el patrón arrió la balsa de estribor y encargó al primer oficial que hiciera lo mismo con la de babor.
El juez pide analizar el móvil de una de las víctimas del naufragio
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a la Guardia Civil que analice el teléfono móvil de una de las víctimas del naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo con el objetivo de localizar documentos, vídeos, fotografías o cualquier otro dato que sirva para la investigación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha accedido a la petición efectuada en mayo por la Sección de Investigación Criminal de la Guardia Civil para que les autorice a efectuar el volcado y estudio de un móvil hallado tras la tragedia y que es propiedad de uno de los fallecidos, según un auto al que ha tenido acceso Efe este martes.
Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía, el juez ha autorizado a los funcionarios del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística del instituto armado al "acceso, análisis forense, volcado/clonado y extracción de datos" para localizar documentos, archivos, programas, fotografías, vídeos, agendas, conversaciones, comunicaciones y "cualquier otro análogo que pudiera haber en el mismo y tener relación con los hechos".
Una de las razones por las que el fiscal no se opuso a esta diligencia es que un familiar de la víctima fue quien entregó el teléfono a los agentes por si podía servir para esclarecer lo ocurrido.
Con el objetivo de "preservar la intimidad" de la víctima y de su familia, el juez, a petición del fiscal, ha ordenado que sólo se de traslado a él del contenido de su teléfono móvil "y de forma reservada" para determinar si se incorpora a la causa aquella información que considere relevante.
