La huelga de los funcionarios de Justicia en Galicia entra este lunes en su cuarta semana. Hasta ahora, doce días hábiles de paro prácticamente total en un sistema ya sobresaturado, que acumulaba retrasos insostenibles y que en algunos ámbitos estaba próxima al colapso. Una amenaza, la del colapso, que se extiende ahora a todo el sistema, dados los efectos hasta el momento y la distancia que todavía aleja a las partes en una negociación enquistada, en la que tanto los sindicatos como la Xunta parecen dispuestos a forzar hasta el límite. Y en medio, como rehén de ambos, el ciudadano.
La guerra de cifras, como en cada huelga, sirve de muy poco: la Xunta cifra el seguimiento en un 40% y los sindicatos, en un 80%, pero la realidad es que los juzgados de toda la comunidad están prácticamente paralizados desde hace tres semanas. Los números fiables y objetivos no se conocerán hasta que no se cierre el trimestre, que será cuando cada juzgado envíe al CGPJ sus datos de juicios y actos celebrados y suspendidos, pero las estimaciones son escalofriantes: solo los juicios suspendidos hasta ahora en Galicia pueden superar con facilidad los 7.000 (contando también los de delitos leves y las audiencias previas); del resto de trámites judiciales, no se puede dar ni una idea aproximada.
LA PESADILLA QUE VIENE. Pero, como advierten los funcionarios, abogados, jueces y letrados de la administración de Justicia con los que ha hablado este diario, el problema mayor no son esas suspensiones, con ser graves. Lo peor, avisan, vendrá después, cuando haya que poner al día todo el retraso ahora acumulado y sumado al que ya había. Las notificaciones pendientes suman miles y miles, y, según calcula uno de los letrados de la administración de Justicia consultado (son los que mejor conocen el funcionamiento del juzgado, porque su organización es una de sus responsabilidades) por cada semana de inactividad un juzgado puede tardar en torno a mes y medio de trabajo en ponerse al día, contando con que no arrastrara atrasos. En estas condiciones, y por no hablar de los profesionales, cualquier acercamiento del ciudadano al sistema, por mínimo que sea, puede convertirse en una pesadilla.
La Consellería no parece dispuesta de momento a conceder, primero, la cabeza de Barreiro y, después, a sentar a la mesa al consellerio, Alfonso Rueda
Las sensaciones entre los operadores jurídicos, en vista de los mensajes que transmiten las partes en conflicto, no son buenas. El último de esos mensajes pudo escucharse con claridad este sábado, cuando los sindicatos concentraron en Santiago a alrededor de dos mil personas en su manifestación ante la Xunta. Hay que tener en cuenta que tras el paro están los siete sindicatos con representación entre los 2.700 trabajadores de Justicia, algo muy poco común, lo que da idea de cómo están las cosas. Y tampoco se puede decir que no hubieran avisado: la huelga se ha convocado después de más de tres meses de negociaciones sin fruto y de tres paros parciales en diciembre y enero. Así las cosas, se han presentado en la mesa de negociación con una petición de máximos, a por todas.
La negociación se planteó por ambas partes a cara de perro. En parte por el cabreo y la posición de fuerza de los sindicatos por el apoyo masivo de sus representados y, en parte, porque la Xunta, a juicio de la mayoría de observadores externos, minusvaloró los riesgos y menospreció su determinación, empezando por la elección de los representantes de la administración en la mesa y, después, queriendo azuzar a la opinión pública presentándolos casi como privilegiados y facilitando datos sobre salarios cuando menos exagerados.
En el fondo, según diversas fuentes, subyace un problema mucho mayor para la Xunta, que hace que esta no quiera traspasar determinados límites en esta negociación: teme, y con razón, que si abre la mano con los funcionarios de Justicia, el resto de empleados públicos autonómicos esté llamando a su puerta al día siguiente.
Los huelguistas alegan que ellos en realidad no son funcionarios autonómicos, sino nacionales, cuya mayor parte del salario depende del Ministerio de Justicia. En el caso de las comunidades que tienen transferidas las competencias, como es el caso de Galicia, cada una paga un complemento específico, que aquí ronda de media los 450 euros. Es sobre ese tramo sobre el que se está negociando la subida salarial. Es decir, que en realidad a la Xunta le serviría de bastante poco la coartada de que no son funcionarios autonómicos y no lo tendría fácil ante una reclamación general de sus empleados públicos.
VETOS A NEGOCIADORES. Estas son las desfavorables circunstancias que presiden el conflicto y que hacen prever que la salida no será ni pronto ni sencilla. Se supone que las partes retomarán la próxima semana las negociaciones rotas la pasada, cuando el enfrentamiento llegó incluso a personalizarse: unas declaraciones incendiarias del director xeral de Función Pública, José María Barreiro, en plena mesa de negociación, exhortando a los que no estuvieran contentos a marcharse a otras comunidades, hicieron que los sindicatos se levantarán de la mesa. La presencia de Barreiro fue contestada desde el principio, ya que ellos no son funcionarios de la Xunta, y lo que solicitan es una interlocución directa al máximo nivel con la Consellería de Xustiza.
Sin embargo, la Consellería no parece dispuesta de momento a conceder, primero, la cabeza de Barreiro y, después, a sentar a la mesa al consellerio, Alfonso Rueda.
El panorama no puede ser más desalentador para el ciudadano y para los actores jurídicos
Una posible salida a este embrollo para que cuando menos se sienten de nuevo las partes en la mesa de negociación podría llegar del lado de la mediación. De hecho, los únicos avances se produjeron, en los meses anteriores a la declaración de huelga indefinida, mientras el diálogo estuvo gestionado por la presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais. Verónica Martínez Barbero. En ese periodo, hubo acuerdos casi cerrados en tres de los cinco puntos de discusión: la consolidación de empleo, el final de las amortizaciones de puestos de trabajo y el pago para la cobertura de plazas de compañeros de rango superior. No obstante, fueron los representantes del Gobierno autonómico los que decidieron prescindir de la mediación (según la normativa, esta no es obligatoria para conflictos laborales con la propia Xunta), y ahora se antoja difícil que quiera dar marcha atrás.
SEÑALES. Es difícil, de hecho, que cualquiera de las partes dé marcha atrás. Porque en el caso de los funcionarios, el apoyo hasta ahora a la huelga y a las movilizaciones ha sido tan amplio que hasta los propios sindicatos convocantes (los siete con representación) están sorprendidos del mismo, apoyo que se interpreta por su parte y por parte de observadores externos como una señal de hartazgo que quizás la Xunta no supo leer a tiempo, ya que similares cifras de apoyo se habían venido registrando en las jornadas de movilización previas a la huelga indefinida.
Y hay que añadir además que tantos días de huelga van a suponer un varapalo muy importante en las nóminas de los huelguistas, que una vez llegados a este punto tampoco querrán ceder sin obtener unas subidas que compensen suficientemente ese dinero perdido.
El panorama, por tanto, no puede ser más desalentador para el ciudadano y para los actores jurídicos, conscientes de que los efectos de este conflicto se dejarán sentir durante meses, años en algunos casos, en un sistema cuyo funcionamiento ya estaba en cuestión y en unos juzgados que siguen arrastrando un déficit estructural histórico.
