El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha proclamado este martes que "no entra en la forma de pensar del presidente y del grupo político del PP" apartar a los diputados provinciales imputados en procesos judiciales en aras de "transparencia como habían solicitado esta mañana los portavoces de PSdeG y BNG, situación que ha sido rechazada por el ente provincial al entender que no es competencia de este órgano.
Baltar hizo esta afirmación en una comparecencia pública ante los medios de comunicación al concluir la primera reunión de trabajo para analizar el Código Ético, el cual se convertiría en el primero en establecerse para un gobierno provincial en España.
En sus declaraciones, el presidente de la diputación orensana criticó la postura de la oposición a este respecto tras asegurar que desde el 24 de febrero, fecha en que fue presentada la propuesta para la elaboración de dicho protocolo, aplicable tanto para cargos electos como para el personal, de la que el presidente de la Diputación ourensana apunta que "hasta el día de hoy" no ha recibido "ni una sola aportación" por parte de PSdeG o BNG, de los cuales el primero votó a favor en su día y el segundo se abstuvo.
"Evidentemente ese es un juego político demagógico que no entra en la forma de pensar del presidente y del grupo PP", advirtió Baltar, quien recalcó que no hay "ningún diputado imputado en la institución provincial por cuestiones derivadas de su ejercicio".
"En estos temas tenemos que ser muy prudentes porque recientemente tuvimos el caso de un alcalde que, después de estar imputado, fue absuelto", haciendo alusión al alcalde de Baltar, José Antonio Feijoo, quien fue absuelto de un delito de coacciones.
El presidente provincial recordó que "un código ético de una institución no es un código penal", por lo que recalcó que estas cuestiones "tienen que regularse a través de los códigos éticos de las propias formaciones políticas".
A pesar del abandono de la oposición de las reuniones, ha ratificado que se mantienen las reuniones para seguir adelante con la tramitación del código tras dejar claro que el objetivo no es "sacar tajada política sino pensar exclusivamente en el funcionamiento que rige la ética y la conducta de la institución provincial".
