El padre de Déborah Fernández, la joven cuyo cadáver fue localizado diez días después de su desaparición en el entorno de Samil, en Vigo, en 2002, ha declarado este jueves por primera vez en un juzgado, y, de hecho, es el primer familiar en hacerlo en una causa reabierta varias veces.
Antes de comparecer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Tui, que también ha tomado declaración por vídeoconferencia a una amiga de Déborah que reside en el extranjero, José Carlos Fernández ha expresado su esperanza de que la instrucción arroje luz tras 18 años de "darse siempre contra un muro".
Luego, a la conclusión de su interrogatorio como testigo, que se prolongó una hora y cuarto, ha indicado que estaba "tranquilo", igual que antes de entrar en el Juzgado, y que contestó a todo lo que le preguntaron.
Ha señalado también que habrá que aguardar a que el Juzgado cite a más testigos y ver "de qué hilos hay que tirar".
En este sentido, ha pedido que llamen a su esposa y a una sobrina que estuvo con Déborah el día que desapareció.
José Carlos Fernández ha manifestado que "la esperanza es algo que nunca se pierde" y que "hay que ser optimistas", aunque es consciente de que es "muy difícil" desentrañar el caso porque hay "muchos indicios, pero no concluyentes".
Tras la última reapertura de la causa, a finales del año pasado, a escasos meses de que prescribiera, han declarado quince personas, todas ellas del entorno social de Déborah Fernández, con las que se trata de reconstruir las horas previas y posteriores a su desaparición.
En enero pasado, uno de esos testigos comentó brevemente a los medios que su entorno confía en "saber quién es el culpable".
Mientras, los familiares de Déborah Fernández esperan que se acabe "haciendo justicia" y aclaran que no promueven ningún tipo de "caza de brujas" sino la voluntad de que "se esclarezca la verdad".
Deborah Fernández-Cervera, desaparecida cuando hacía deporte en la zona de Samil, en Vigo, en 2002, fue hallada muerta diez días más tarde desnuda entre unos matorrales junto a la carretera C-550 en O Rosal (Pontevedra).
La causa judicial fue archivada en 2010, pero una campaña impulsada por la familia de la chica ante la cercanía de la prescripción del delito, en 2012, permitió la aparición de nuevos testimonios y la práctica de nuevas diligencias que derivaron en su reapertura.
Por medio de un auto de 7 de noviembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Tui acordó la reapertura de las diligencias para la práctica de nuevas pruebas periciales, mientras que en otro auto, del 25 de noviembre, la jueza denegó diferentes pruebas propuestas por la familia pero aceptó inicialmente la declaración en calidad de testigos de siete personas.
Luego se han sumado las seis que declararon en enero y otras dos que lo han hecho hoy.
