La presidencia del Parlamento de Galicia ha entregado este martes una "nota aclaratoria" sobre el informe jurídico que avala a Miguel Santalices para prohibir que los diputados afirmen en pleno que el Partido Popular ha sido "condenado por corrupción", pero que los grupos de la oposición no acatarán al no haber tenido acceso al que han denominado "informe fantasma".
En la pasada sesión plenaria de la semana pasada, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, explicó a los diputados que contaba con informe que le aconsejaba llamar al orden cuando se acusase al PP de estar condenado por corrupción en tanto que esa expresión es inexacta porque la sentencia de la Gürtel dice que fue condenado como responsable civil a título lucrativo pero no en el ámbito penal.
En este sentido, los grupos pidieron tener acceso al citado informe y la presidencia de la Cámara les hizo entrega de una nota aclaratoria al respecto que la oposición considera insuficiente y que, en todo caso, no cumplirá. Según se explica en la nota, "el objetivo de ese informe" fue dotar a Santalices de los "argumentos jurídicos" necesarios para el mejor ejercicio de su función moderadora en los debates fijados en la orden del día sobre la citada sentencia.
Frente a esta intención, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que el PPdeG no conseguirá "cercenar" la libertad de expresión de los parlamentarios a los que no callará con una "mordaza" con la que pretende "pagar la campaña de imagen de Feijóo, ahora que viene el 'casting' en Génova".
En Marea no permitirá que el Parlamento de Galicia sea "el escaparate" para Feijóo y por ello continuará incidiendo en sus críticas: "Si nos quieren echar que nos eche, si nos quiere echar por decir la verdad, estamos bien en la calle", ha sentenciado. Además, Villares ha sido especialmente crítico con Santalices a quien le ha afeado una "intención partidista y de parte a la hora de regular los debates en la Cámara" en lo que supone "un abuso de las prerrogativas" con las que cuenta.
Por ello, su grupo ha presentado "un escrito de queja sobre la forma en la que Santalices dirige los plenos en la Cámara" en unos debates en los que "no se puede hablar mal de sus amigos, por que entonces coge la palabra para defender a su amigo de Ourense", ha dicho en alusión al presidente de la Diputación de esa provincia, Manuel Baltar,
El portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha criticado que no se entregase el informe solicitado por lo que su grupo no se someterá "a ese criterio" que es una "forma absurda de proteger el PP", ha anunciado. A este hilo, ha presumido de que en sus intervenciones nunca intenta afectar al decoro o a la dignidad de otras personas pero no lo ve de igual forma en la prohibición que pretende la presidencia de la Cámara: "No voy a tener ningún problema en decir que el PP fue condenado por corrupción", ha proseguido.
La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha insistido en que pese a las limitaciones que marque el informe "es una realidad evidente y palmaria" que existe una sentencia que "condena al PP por corrupción, por lo tanto el PP es un partido corrupto".
Ha censurado que con este tipo de prácticas parece que el PP quiere darle "la bienvenida a '1984'" con el Ministerio de la Verdad, ha dicho en referencia a la novela de George Orwel. En todo caso, tampoco aceptará el informe, pues rechaza la "mordaza en el Parlamento gallego" al explicar que "ningún informe" limitará las expresiones de los diputados del BNG, ha insistido Rodil que además ha considerado "escandaloso instrumentalizar los servicios jurídicos de la Cámara".
Sin embargo, el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, ha restado importancia a la petición de un informe ya que es habitual que los diputados realicen diferentes cuestiones a los letrados de la Cámara sin dar explicaciones de las mismas, aunque en este caso, según su versión, Santalices sí ofreció a los grupos la información solicitada.
En todo caso, le parece un "error" que se cuestione la capacidad de cualquier miembro de la Cámara para acudir a los servicios jurídicos y por ello ha reivindicado el derecho del presidente a consultar a los trabajadores del Parlamento. Puy ha recordado así que aunque en el debate parlamentario existe unos derechos como la inviolabilidad parlamentaria, estos también conllevan deberes que hay que cumplir.
Con todo, Puy ha sostenido que es "injusto criticar al presidente de la Cámara" que "a veces puede estar mejor o peor" pero que líneas generales ejerce su labor con la máxima "ecuanimidad".
