El grupo municipal del PSdeG en el Ayuntamiento de Miño (A Coruña) ha exigido este viernes a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa y al alcalde del municipio, Juan Maceiras, "el pago inmediato de los terrenos expropiados por la construcción de la urbanización Costa Miño.
Esta petición se produce después de que el jueves Martinsa-Fadesa y el Ayuntamiento suscribieran un nuevo contrato para la adjudicación de la obra de la urbanización Costa Miño que pone fin a un largo embrollo jurídico que enfrentaba el Consistorio y la empresa y que impedía legalizar una de las mayores promociones urbanísticas del litoral coruñés en Perbes.
Tras la firma del nuevo contrato para la adjudicación de la urbanización, el PSdeG local lamenta que el alcalde "priorice de nuevo el negocio de la empresa y no el cobro de los terrenos por parte de los vecinos".
A falta de "conocer los detalles del nuevo contrato", el PSdeG señala que echa en falta una declaración de intenciones del alcalde en el sentido de agilizar el pago a los vecinos cuyos terrenos ha sido expropiados.
"Tras diez años de litigios, los antiguos propietarios han visto como sus terrenos se han convertido en una urbanización a medio construir", señala en un comunicado el portavoz municipal del PSdeG, Manuel Vázquez Faraldo.
Añade que el Ayuntamiento ha recurrido el nuevo precio asignado por el jurado provincial de expropiación y la declaración del proceso concursal de Martinsa Fadesa "ha retrasado el cobro de sus tierras".
Además, apunta que la empresa adjudicataria "adeuda a los expropiados unos 30 millones de euros" y destaca que es la "obligación del alcalde garantizar el cobro a la mayor brevedad".
"A fin de cuentas, los expropiados se han visto privados de sus propiedades en contra de su voluntad, sin poder negociar el precio ni la forma y tiempo de cobrarlo", indica, y apunta que "muchos de ellos han fallecido desde 2002", cuando se produjo la expropiación.
"Todo ello para el lucro de una empresa privada, sin que existiera nunca interés general que justificara la urbanización", destaca Faraldo, quien considera "de justicia que la prioridad tras la firma del nuevo contrato sea el pago de los terrenos", y por ello reclama a Maceiras que "agilice los trámites para que los afectados reciban su dinero inmediatamente".
El acuerdo anterior en el que se fundamentó la edificación fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la empresa reclamaba al Ayuntamiento de Miño, con poco más de 5.000 habitantes, más de 50 millones de euros de indemnización.
La macrourbanización ocupa una superficie de 160 hectáreas y suma 1.217 viviendas entre bloques de apartamentos, chalés adosados y unifamiliares junto a un gran campo de golf de 18 hoyos en las inmediaciones de la playa de Perbes.
Según fuentes de la empresa, cerca de 700 viviendas han sido finalizadas y entregadas, por lo que faltan por terminar otro medio millar.
