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El monte vuelve a jugar con fuego

Cuando apenas quedan dos semanas para que el día 31 entre en vigor la orden de la Xunta que obliga a los propietarios a tener desbrozadas las franjas de seguridad forestal, la falta de medios e implicación de muchos ayuntamientos junto a la fragmentación y abandono del rural hacen que la norma aún esté lejos de cumplirse

EL 31 DE MAYO está al caer y con él se cumple el plazo que en su día dio la Xunta para que los propietarios de fincas tengan limpias las franjas de seguridad que se establecen en el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga). Sobre el papel, los que no cumplan con la norma podrán ser sancionados a partir de ese día con multas de hasta 3.000 euros, pero la realidad indica que el objetivo de la Xunta de tener limpias todas estas parcelas en los más de 30.000 núcleos rurales que hay en Galicia está aún muy lejos de cumplirse.

Así que, después de la oleada de incendios del pasado octubre, el monte gallego vuelve a jugar con fuego, porque cuando ya está cerca la época de mayor riesgo, aún queda mucho por avanzar en las labores de limpieza de los montes. De hecho, todas las partes implicadas ya admiten que el Pladiga es un programa a medio y largo plazo, que para poder llegar a materializarse exige una mayor colaboración institucional entre Xunta y ayuntamientos y más voluntad por parte de los propietarios.

El gobierno municipal de Ribadeo es el único de la provincia, y de los pocos de Galicia, que parece que se tomó en serio la ley y, aún así, duda que a partir del día 31 pueda disponer de los medios necesarios para poder controlar a los posibles infractores.

"Hai unha lei da Xunta e nós levamos traballando desde outono para poder aplicala neste concello", explica el alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, quien añade que "con vontade e determinación, demostramos que se poden identificar todas as masas forestais e mesmo dar cos máis de 670 propietarios aos que se lles enviou notificación. Pero a Xunta non pode ditar unha lei e logo desentenderse. Por iso lle pedimos a axuda técnica necesaria para poder detectar os que a partir do 31 de maio incumpran a norma, aínda que de momento non nos contestou, o que xa di moito sobre o seu grao de implicación".

La Xunta activó hace unos días una partida de ocho millones de euros para hacer desbroces en las zonas de mayor riesgo

Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que preside el alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García, se reconoce que para poder aplicar la normativa autonómica de prevención de incendios, los problemas con los que se encuentran los ayuntamientos "son de todo tipo". En este sentido, hace referencia a la falta de personal tanto para iniciar los expedientes como para llevar a cabo los desbroces de oficio en aquellas parcelas "nas que resulta imposible saber quen é o dono".

La gran fragmentación de la propiedad que hay en el rural gallego es, desde luego, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos a la hora de identificar a los propietarios de las parcelas que se deben desbrozar. En estos casos, la Xunta delegó estas actuaciones de oficio en los ayuntamientos, pero algunos alcaldes como el de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, consideran que la norma autonómica "é imposible de cumprir" en tan poco tiempo y considera además que demuestra "un nulo coñecemento" del rural gallego, en referencia al envejecimiento poblacional. "Aínda que localicemos ao propietario da finca, quen nos pode obrigar a poñer nas mans dun home de 95 anos un fouciño para que empece a desbrozar?", se pregunta.

La falta de fondos para poder llevar a cabo estas tareas es otro de los puntos conflictivos entre municipios y Gobierno autonómico. Para Fernando Suárez "é fácil facer unha lei e logo desentenderse dela e delegar en administracións menores" su cumplimiento.

En todo caso, la Xunta activó recientemente una partida de ocho millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a desbrozar las franjas de seguridad.

Según señala el presidente de la Fegamp, la aportación "permitirá actuar de xeito inmediato naquelas zonas que teñen un maior perigo de sufrir un incendio forestal".

Operarios de la empresa pública Seaga serán los encargados de llevar a cabo estos desbroces. En todo caso, en el proyecto todavía se está trabajando a nivel técnico, por lo que será difícil que antes del día 31 se realice algún tipo de actuación sobre el terreno.

IMPLICACIÓN. Pero además de las dificultades que los gobiernos municipales tienen para conseguir que los propietarios limpien las franjas de seguridad, que establecen un mínimo de 50 metros de ancho entre las masas forestales y las viviendas, se añade el temor de algunos alcaldes a una norma que, aplicada a rajatabla, puede resultar impopular entre los vecinos, lo que supondría un riesgo en cuanto a pérdida de votos.

Así se explica la dejación de una mayoría de ayuntamientos que limitaron sus actuaciones a la publicación de bandos que, por norma general, alcanzaron escasa difusión entre los vecinos.

Otros alcaldes, como el de Ribadeo, no ven ningún problema en hacer cumplir la ley y sancionar a aquellos vecinos que no lo hacen. "O problema é cando non se trata a todos por igual, que se sancione a uns e a outros non, porque iso si crea crispación", explica.

PROPIETARIOS. Las comunidades de montes son uno de los colectivos que se han mostrado más críticos con el plan de prevención de la Xunta. Entre ellos, el empresario maderista Daniel Villapol no considera justo que la responsabilidad de la limpieza de la franja de seguridad "sea exclusiva del propietario forestal".

Algunos ayuntamientos se limitaron a dictar bandos, ante el temor a una norma que, aplicada a rajatabla, puede resultar impopular

Argumenta que muchos montes "estaban antes que muchas casas", ya que los ayuntamientos permitieron en su día construir en zonas forestales. Por ello cree que los propietarios son "víctimas" de aquella expansión urbanística. "Ahora no solo se nos obliga a cargar con los gastos que acarrea establecer y mantener esas franjas de seguridad, sino que además tenemos el hándicap de que ese terreno pasará a valer cero porque ya no podremos hacer nada en él".

Para Villapol, lo lógico es que las licencias de construcción en una zona forestal no se aprueben "si dentro de esa finca no hay superficie suficiente para dejar los 50 metros de franja de seguridad".

En paralelo, los propietarios forestales también piden que se clarifique la situación de los montes comunales ante el vencimiento en el año 2021 de los convenios de la Xunta mediante los que reciben ayudas para la limpieza y gestión de las superficies arboladas.

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