El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, ha presentado este lunes el informe anual de actividad de la Liña do Galego, un servicio gratuito que esta institución ofrece para protestar ante situaciones de discriminación de la lengua gallega en el día a día.
Según los datos expuestos, A Mesa registró en 2016 un total de 431 comunicaciones, casi el doble que en el año anterior, de las cuales 339 corresponden a expedientes de quejas, mientras que las restantes son 68 felicitaciones a empresas e instituciones por el uso del idioma de Galicia y 24 consultas acerca de derechos lingüísticos.
Maceira ha ligado este aumento en el tráfico del servicio al lanzamiento durante el mes de julio de una aplicación para dispositivos móviles que facilita el proceso de denuncia y a un mayor conocimiento de la actividad de la Liña do Galego.
En el ámbito privado Renfe recibe el 13% de las reclamaciones por el uso discriminatorio del gallego y Abanca, el 9%
En cuanto a las quejas, estas recaen casi por igual en instituciones públicas –51% del total– como en empresas y organizaciones privadas –49% del total–.
Entre las Administraciones públicas más denunciadas se encuentran el Servizo Galego de Saúde –30% de las quejas–, la Xunta de Galicia –26%– o Correos y la Agencia Tributaria –8% en ambos casos–. Por parte de las empresas, Audasa, concesionaria de un amplio número de carreteras en Galicia recibe la mayor cantidad de quejas –un 15% del total–, seguida de Renfe –13%– y Abanca –9%–.
Durante la presentación del informe, celebrada este lunes en una librería del casco histórico de Santiago de Compostela, el presidente de A Mesa ha invitado a los ciudadanos a hacer uso de la Liña do Galego, un servicio que –ha dicho– sirve para frenar la vulneración de los derechos lingüísticos.
El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, considera que se trata de una situación "no mellor dos casos, de apartheid lingüístico"
Para Maceira, la sociedad gallega se encuentra en una situación "onde o racismo lingüístico está absolutamente normalizado" y donde la discriminación por el uso de este idioma no conlleva ningún tipo de represalia para empresas e instituciones. "Isto non se pode consentir máis", ha clamado, momentos antes de anunciar una iniciativa legislativa popular, de la que dará más detalles –ha emplazado– el próximo 18 de febrero, para revertir el presente statu quo.
Con esta propuesta, A Mesa quiere garantizar los derechos lingüísticos en el ámbito socioeconómico y combatir lo que ha definido como "unha situación, no mellor dos casos, de apartheid lingüístico". Para ello, necesitarán recoger 10.000 firmas durante los próximos meses, algo que ven factible y necesario para cambiar una legislación que –entienden– debe adaptarse a las circunstancias de cada sociedad.
