La ludopatía es una adicción que se estima que afecta a un 1% de la población autonómica --en España oscila entre el 1 y 2%-- y que, en ocasiones, lleva a los que la padecen a pedir que les impidan acceder a las salas de juego, donde sin control gastan cada vez mayores cantidades de dinero sin pensar en otras consecuencias negativas que conllevan acciones de ese tipo. Es el caso de 1.662 gallegos, los que figuraban a fecha 31 de diciembre de 2011 en el denominado Rexistro de Prohibidos de la comunidad, que depende de la Consellería de Presidencia. Son un 15% más de los que había en 2008 y casi la misma cifra que a finales de 2010 (1.633).
No obstante, estos datos se corresponden con los inscritos en el registro de prohibidos de ámbito autonómico, un acto voluntario cuya duración mínima será de un año y cuyos efectos se podrán levantar previa tramitación. Existe, además, un registro estatal en el que figuraban en el año 2010 un total de 415 gallegos, bien a petición propia o bien por mandato judicial, según recoge el Informe del Juego correspondiente a ese año. Así, más de 2.000 personas que residen en la comunidad tienen prohibido el acceso a bingos o casinos, pues el listado estatal no contabiliza los inscritos en los registros propios de cada comunidad, según especifica el estudio.
Esta inscripción es, para algunos, la única vía de autoprotección a la que recurren para tratar de superar su trastorno, aunque la medida suele ser más efectiva cuando va acompañada de una terapia. Así lo sostienen desde la Asociación Gallega de Jugadores de Azar (Agaja), que desde su sede situada en la ciudad de Vigo tratan anualmente a un promedio de entre 80 y 100 personas. En la actualidad, son 83 los ludópatas que están en tratamiento y que tienen como objetivo superar su adicción.
Este colectivo exige a los potenciales adictos que quieren dejar el juego su inscripción en el registro. "La mayoría de las inclusiones son de nuestra parte. Es una de las condiciones que ponemos a los pacientes para el tratamiento", explican desde la asociación. No obstante, detecta algunos problemas en el funcionamiento del mismo. Una de las críticas se refiere al "carácter manual" con el que funciona, pese a las posibilidades tecnológicas que ofrecen los tiempos actuales. Esto significa que los inspectores de juego que visitan casinos y bingos "introducen manualmente" los datos de los prohibidos, algo que a veces deriva en "fallos".
"Hay personas que siguen entrando en los salones de juego" pese a figurar entre los prohibidos, explica el colectivo, que justifica esto aludiendo a tres posibles motivos. Uno de ellos sería la existencia de algún error en el trasvase de los datos. Otra posibilidad es que el ludópata en tratamiento acuda a una sala antes de que el inspector haya pasado para informar sobre las nuevas incorporaciones.
Finalmente, existe otro motivo por el que los prohibidos puedan acceder, y se refiere a la inexistencia de una fiscalización "muy clara del requerimiento legal" de salones de juego para "solicitar la identificación". "No le piden el carné a todo el mundo", explican desde Agaja, para reivindicar un sistema más efectivo y que pueda evitar este tipo de casos. "Las nuevas tecnologías no deben ir con la comunidad autónoma", ironiza el colectivo, para reclamar sistemas de control más modernos y que acaben con estas situaciones.
El caso es que cuando llegan al registro de prohibidos o acuden a Agaja los ludópatas se encuentran en una situación "desesperada". Los adultos, apunta un responsable de la asociación, "establecen un proceso de acomodación a la enfermedad" y, por ello, en el momento en el que optan por buscar ayuda es cuando "la familia, los amigos o la empresa rompen la baraja y dicen ‘hasta aquí llegamos’". Así, los ludópatas suelen buscar recursos para superar su adicción estando "presionados".
TERAPIAS
Además de la inscripción en el registro de prohibidos, los pacientes se someten a un programa de tratamiento con el equipo de psicólogos del que dispone la asociación. Se trata de un tramiento que dura 18 meses y que tiene una tasa de abandono del 37% de los que inicialmente se someten a la misma. No obstante, Agaja sostiene que el pocentaje de éxito es "muy bueno" para las personas que consiguen terminar la terapia. "El seguimiento al cabo del año", apunta, indica que existe un "65% de éxito".
MOVIMIENTOS
Según datos facilitados por la Consellería de Presidencia, el número de altas en el registro fue en 2011 inferior a los dos ejercicios precedentes (fueron 99 en 2010 y 182 en 2009). Lo mismo ha ocurrido con las bajas, pues si el pasado ejercicio hubo 33 personas que solicitaron salir del listado de prohibidos, en los años precedentes habían efectuado este trámite 41 y 52, respectivamente.
El mayor número de altas y bajas registradas el pasado ejercicio está vinculado co los bingos. Así, 49 de las 62 de 2011 se produjeron en este tipo de salones, frente a las 13 inscripciones vinculadas con los casinos.
ESPAÑA
Solo la comunidad autónoma de Andalucía aporta el 33,3% de las personas inscritas en España en los 17 registros de prohibidos de ámbito autonómico y en los de las ciudades de Ceuta y Melilla. En total, suman 58.508 personas. El listado gallego supone el 2,8% del total.
El caso es que Andalucía también aporta el 31,8% de las personas que figuran en el registro estatal (26.797), mientras.Galicia agrupa al 1,5%.
La Rioja es la comunidad --excluyendo a Ceuta y Melilla-- con menos prohibidos en el registro estatal (el 0,3% del total).En el caso de los autonómicos es la segunda, detrás de Extremadura.
