Desde que a principios de los años 90 la Administración Fraga aprobó el primer plan forestal de Galicia e introdujo los grandes operativos antiincendios que todavía sobreviven en nuestros días, la lucha política y social contra las llamas no había vivido una revolución como la experimentada este último año, en el que se avanzó mucho más que en las tres décadas anteriores. Pero al mismo tiempo, es ingenuo pensar que doce meses son suficientes para reparar treinta años de dejadez, abandono y barra libre en los montes gallegos. Así que en la combinación de estas dos realidades se esconde el diagnóstico perfecto del punto en el que se encuentra hoy Galicia: aprendió y mejoró... pero le queda mucho por hacer.
Hace exactamente 365 días que la comunidad empezaba a arder por los cuatro costados. Focos múltiples, la mayoría nocturnos e intencionados —aunque no organizados por una trama criminal— encontraron en la cola del huracán Ophelia y en el desorganizado monte gallego el cóctel perfecto para la tragedia. El resultado: más de 50.000 hectáreas y cuatro víctimas mortales.
Aunque Galicia ya se había enfrentado a oleadas de fuego de esta magnitud, la última en 2006, fue sin duda la pérdida de tantas vidas la que marcó un antes y un después en la historia los incendios; un punto de inflexión que precipitó una serie de decisiones exprés materializadas en un paquete de 30 medidas cuya aplicación, aunque desigual, empieza a ofrecer algunos resultados positivos.
La Xunta asegura que 22 de ellas están implantadas y que a final de este año serán ya 28, aunque se trata de una lectura demasiado triunfalista, porque con algunas de ellas simplemente se dieron los primeros pasos y tanto su aplicación definitiva como sus efectos tardarán tiempo en verse.
UN AÑO DESPUÉS. El gran cambio que provocó la tragedia de hace un año fue, sobre todo, social. El impacto de las imágenes y las cifras en la gente fue tan brutal que removió algo dentro de esa Galicia que hasta entonces asumía como normales los verano en los que se calcinaban miles de hectáreas. Un giro que se tradujo en más denuncias, más llamadas al 085, más prudencia, más limpieza, más presión y más intolerancia.
De forma paralela, la Xunta empezó a aplicar algunas de esas medidas avaladas en el Parlamento, principalmente aquellas relacionadas con la limpieza de maleza y especies pirófitas (eucaliptos, pinos y acacias) en las franjas de seguridad. El objetivo es que, de arder monte, al menos se evite que las llamas se acerquen a casas, carreteras, gasolineras y centros neurálgicos. La ley estaba ahí desde 2007, pero hasta hace un año nadie parecía hacerle caso.
Lo que ocurre es que en un territorio con dos millones de hectáreas de monte, más de 30.000 núcleos de población y la segunda red viaria más extensa del país, doce meses no dan ni para empezar; y menos cuando la voluntad tampoco es excesiva. Concellos como Ribadeo o Xove, que se tomaron en serio esta cuestión y ya comprobaron sus beneficios este verano en algún que otro incendio menor, son un oasis en una Galicia donde muchos se limitaron a mirar a otro lado.
El mejor ejemplo es que, de los 313 ayuntamientos, menos de la mitad (144) solicitaron adherirse al convenio de Xunta y Fegamp para que la empresa pública Seaga asuma la limpieza de esas franjas —a 350 euros la hectárea—, que se activará para la próxima campaña de máximo riesgo. De ellos, 46 son de Ourense, 37 de A Coruña, 29 de Pontevedra y 32 de Lugo, lo que significa que en esta provincia ni la mitad de los municipios mostró interés en esta iniciativa.
El resultado de esta dejadez es que a día de hoy, un año después de aquellas 48 horas trágicas, hay muchas más franjas con maleza que limpias. En concreto, Galicia tendría unas 65.000 hectáreas de zonas de seguridad sin desbrozar, una superficie equivalente a la comarca de A Fonsagrada. Son estimaciones, ya que hacer un cálculo real es inviable, pero da una idea de la envergadura del problema. Xunta y Fegamp confían, con su pacto, en limpiar 16.000 de ellas, para lo que invertirán 28 millones de euros, pero emplearán al menos cuatro años. A este ritmo y sin la implicación de particulares y concellos, Galicia necesitará más de una década para despejar todas esas franjas y convertirse en algo parecido a, por ejemplo, Suiza.
EL ABANDONO. Para ello no bastará limpiar las franjas, sino que la Xunta tendrá que afrontar otros grandes problemas. En el caso del minifundismo, lleva tiempo agilizando los eternos procesos de las parcelarias y en el último año activó mecanismos para mejorar la concentración de tierras. A su vez, Medio Rural también completó la red de videovigilancia con 88 cámaras en los montes gallegos, agilizó la burocracia de los permisos para las talas y trabajó para profesionalizar la industria forestal. Sin embargo, a la hora de combatir el fuego, se estrella una y otra vez contra la misma piedra: el abandono rural.
Detrás de este mal endémico se esconden buena parte de los muros que todavía debe derribar la comunidad si quiere ganarle la batalla a los incendiarios, principalmente porque una de sus consecuencias es la proliferación de las fincas sin propietario conocido. Galicia tiene el 28% de las parcelas de toda España y el 97% son privadas. De once millones, casi tres no se sabe a quién pertenecen. Y aunque una vez más se trata más de estimaciones que de cálculos reales, son suficientes para hacer una radiografía del problema.
La Xunta,
consciente de ello, adoptó tras los fuegos de 2017 un puñado de acciones encaminadas a poder ‘expropiar’ temporalmente estas parcelas para al menos tenerlas limpias o ponerlas a producir, aunque la realidad es que la legislación española, tan protectora con la propiedad privada, complica muchas veces esta práctica. La existencia de fincas sin dueño conocido constituye hoy por hoy "o veradeiro obstáculo de que moitas das medidas da consellería funcionen axeitadamente", explican desde Medio Rural.
Para ello y ante la insuficiencia de las primeras medidas adoptadas, el dictamen de la comisión de incendios que acaban de aprobar en el Parlamento PP y PSOE con más de 100 medidas para luchar contra el fuego dedicará muchas de ellas a diseñar un plan para dar con esos dueños ilocalizables.
LO MÁS DIFÍCIL. Pero si tratar de invertir el abandono del rural parece misión imposible, tampoco se presenta como tarea fácil abordar dos realidades que lastran la lucha contra el fuego: el cambio climático y los intereses políticos.
El primero lleva tiempo enviando señales, ya que los otoños secos pasaron de anecdóticos a habituales. La Xunta afrontó este nuevo escenario ampliando un mes la campaña de máximo riesgo, pero poco puede hacer si a meses de sequía ambiental y del terreno se suman causas extremas como un huracán. La tendencia a la desaparición de las estaciones intermedias —otoño y primavera— en favor de un modelo de seis meses secos y seis húmedos obligará a la Xunta a replantearse todo el dispositivo antiincendios, lo que sin duda disparará su coste.
Por último, la existencia de concellos ‘rebeldes’ que rechazan la cooperación contra el fuego por razones políticas o la ausencia de un gran acuerdo de país no solo reduce la efectividad a la hora de diseñar y aplicar políticas contra el fuego, sino que provoca que, en este camino iniciado en 2017 hacia una Galicia ignífuga, por ahora sean los incendiarios y las llamas los que van ganando la batalla.
