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Louzán se acoge a su derecho a no declarar en la operación Patos

Rafael Louzán
Rafael Louzán
El expresidente de la Diputación de Pontevedra no hablará hasta que no se resuelva la petición de anular las escuchas telefónicas practicadas en la causa

El ex presidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en el marco de la operación Patos y ello hasta que no se resuelva la petición de un grupo de abogados que demandó la anulación de las escuchas telefónicas practicadas en la causa. No obstante, ha recordado que él no se unió a tal solicitud, como tampoco lo han hecho el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ni el otrora vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, José Manuel Figueroa, entre otros.

En todo caso, el abogado de Louzán le recomendó posponer su testimonio hasta que sea resuelta esta cuestión derivada de la petición de más de una decena de letrados de otros investigados que la tramitaron amparándose en el hecho de que no les consta el auto judicial que autorizaría dichas intervenciones. El exjefe de gabinete de la Diputación de Pontevedra, Luis Serantes, tampoco prestó este miércoles declaración por idéntica razón.

Rafael Louzán, todavía presidente provincial del PP, ha rechazado ante la prensa, a su salida del juzgado, haber terciado en los expedientes de contratación investigados y también que intercediese a favor de Enrique Alonso Pais, el dueño de la constructora Eiriña, empresario situado como epicentro de esta supuesta trama corrupta por presunto autor de prácticas irregulares, y ha rechazado asimismo Louzán que recibiese regalos de parte de este constructor.

Ha esgrimido que la petición de nulidad es una cuestión "suficientemente delicada" como para esperar a que se resuelva antes de prestar declaración como investigado. En su opinión, se trata de "una incidencia grave", la alegada inexistencia del auto que autorizó las escuchas, y en vista de la cantidad de letrados que se han adherido a la petición de nulidad ha resuelto: "se supone que algo habrá".

Louzán ha proclamado su "máximo respeto a la justicia" y ha subrayado que comparecerá de nuevo cuando sea citado "con un escrito" para contestar las preguntas que le hagan jueza y fiscal, "sin ningún tipo de problema". Respecto a su participación en las conversaciones telefónicas intervenidas, ha apuntado que solo aparece en una y que su contenido es "totalmente intrascendente". "No tengo nada que ocultar de lo que yo conozca", ha proclamado Louzán, quien se ha definido como "una persona más" en la Diputación cuando era su presidente, y ha añadido que allí hay "un extraordinario equipo de funcionarios que, de alguna manera, son los que tramitan y en la documentación todo obra correctamente".

Ha dicho ser "el primer sorprendido" por las actuaciones supuestamente irregulares contenidas en el sumario, y en todo caso ha añadido que aquellas son "cuestiones de puro trámite y se llevan dentro de los servicios que la casa tiene para este tipo de cosas". En cuanto a supuesto trato de favor hacia Pais, ha alegado que no puede tomar "ninguna decisión" porque no forma parte de las mesas de contratación "desde hace algún tiempo" y como presidente de la Diputación "prácticamente no asistía" a las mismas porque "tenía actividad de sobra para eso".

"Es indudable que ninguna de mis decisiones, porque además no tengo competencias para ello, pudieran beneficiar a esa empresa -Eiriña- ni a ninguna otra. Eso está fuera de toda duda", ha proclamado. Preguntado por si tiene una relación de amistad con Enrique Alonso Pais ha contestado que no tiene "nada más que decir" y que "no es necesario sacar cosas que no vienen al caso".

Rafael Louzán ha negado que su condición de investigado en la operación Patos sea "ningún tipo de lunar" en su trayectoria política y ha valorado que ahora, como siempre, haya "dado la cara". La operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un ex concejal de Nigrán y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña, y practicó registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense. Además, hubo inspecciones en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio Casco Vello y el Puerto, y en la Diputación de Pontevedra.

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