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Lousada Arochena: "Enjuiciar con perspectiva de género refuerza la imparcialidad"

El magistrado José Fernando Lousada Arochena (Montevideo, 1963). EP
El magistrado José Fernando Lousada Arochena (Montevideo, 1963). EP
La Universidad de Castilla-La Mancha ha premiado la investigación del magistrado del TSXG sobre los sesgos sexistas que prevalecen en la normativa de enfermedades profesionales

Sostiene que la medicina y la prevención de riesgos laborales están construidas sobre el patrón masculino y discriminan a las mujeres.
Tradicionalmente la medicina ha verificado los síntomas de las enfermedades atendiendo a los causados en los hombres. Por ejemplo, los protocolos del infarto solo consideraban los síntomas en hombres. Igualmente los ensayos clínicos de los fármacos se venían realizando con población masculina. O el olvido de enfermedades feminizadas, y así, la fibromialgia hasta hace poco ni se consideraba enfermedad. Esta situación se reproduce en la prevención de riesgos laborales. Sus normas nacen para el masculinizado trabajo industrial. Mientras que todavía se están estudiando los riesgos asociados al más feminizado sector servicios, como los riesgos psicosociales o los ergonómicos.

También alude a los riesgos derivados del acoso sexual o laboral.
El acoso sexual y el acoso sexista crean dos condiciones de empleo: un empleo para los hombres sin acoso, y otro para las mujeres con acoso. Los hombres que los padecen, cuantitativamente menos, suele ser por no actuar según sus roles masculinos: son las llamadas ovejas negras. El acoso laboral lo sufren cuantitativamente más las mujeres, aunque algunos estudios apuntan a que los casos más graves suelen sufrirlos los hombres, lo que probablemente se deba a estereotipos de género. Y otro riesgo psicosocial es el síndrome de estar quemado, que es propio de profesiones con muchos requerimientos y escasas recompensas, como la sanidad o la educación, que son sectores muy feminizados.  

¿Cómo valora la guía empresarial del Ministerio de Igualdad, que encuadra como acoso laboral actitudes como "bromas y comentarios sobre la apariencia sexual", los contactos "indeseados" en redes, el "acercamiento físico excesivo" o las "miradas impúdicas"?
Los ejemplos de la guía se ajustan a la definición de acoso sexual que se contiene en la Ley Orgánica de Igualdad, en el Derecho de la Unión Europea, en el Convenio de Estambul y en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia y acoso en el trabajo. Cuestión diferente es que, por los prejuicios que imperan en nuestra sociedad, muchas personas todavía vean muchas de esas conductas como lícitas, cuando no lo son.

Las normas nacen para el masculinizado trabajo industrial. Aún se estudian los riesgos del más feminizado sector servicios

Es usted el autor de la primera sentencia que reconocía una indemnización por acoso sexual en el trabajo en España, de 1993. ¿Cómo se ha evolucionando desde entonces?
En los años noventa, los órganos judiciales nos enfrentamos a problemas jurídicos nuevos derivados de las primeras demandas de acoso sexual, tales como si era posible conceder una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, o si los daños derivados del acoso en el trabajo se podían calificar como accidentes de trabajo. La respuesta positiva de los tribunales, y también los cambios legales posteriores, han permitido superar muchas dificultades. Pero las víctimas siguen teniendo aún dificultades para acceder a la Justicia.

¿Cómo puede servir la Justicia para reducir estos sesgos de género?
La Constitución exige que la discriminación por razón de sexo no prevalezca y las juezas y jueces estamos sometidos a la Constitución. Dado que los sesgos de género producen discriminaciones por razón de sexo, nuestra obligación constitucional es evitarlos y aplicar la ley con una plena objetividad. Aplicando la ley de la manera más imparcial es cómo la Justicia puede servir a la sociedad para reducirlos. Dicho más llanamente, haciendo bien nuestro trabajo. 

Según un informe de UGT, Galicia es la tercera comunidad con mayor percepción de discriminación hacia los trabajadores LGTBI. ¿Se detecta esto en el ámbito judicial?
Los prejuicios no solo se proyectan sobre el sexo de las personas. También se proyectan, y de manera muy intensa, sobre la orientación sexual y sobre la identidad de género. La discriminación de las personas LGTBI y la LGTBIfobia existen en la sociedad. Ello determina que también sea una realidad que se detecta en el ámbito judicial.

La defensa de la salud mental ha recibido un importante reconocimiento en los últimos tiempos. ¿Será uno de los grandes puntos de conflicto en la actividad laboral?
La estigmatización de las enfermedades mentales, muy acusada en el pasado, se mantiene en buena medida en el presente, y no es previsible que desaparezca del todo en un futuro inmediato. Esta estigmatización determina dificultades en la inserción laboral, o en el acceso a prestaciones sociales. Y las particularidades de las enfermedades mentales no pueden servir de excusa para una indeseable estigmatización basada en prejuicios contra las personas con enfermedad mental. Sin duda, estamos ante un tema candente.

¿Y qué impacto puede tener el impulso del teletrabajo en el derecho laboral y la protección de la salud? 
El teletrabajo es un modo de trabajar que reduce la movilidad de la población, con la consiguiente disminución de viajes y contaminación, permite trabajar desde entornos rurales, y puede facilitar la conciliación de las personas trabajadoras. Pero si se implementa mal puede generar aislamiento, estrés y, en especial para las trabajadoras, puede suponer una indeseada vuelta al hogar. El teletrabajo puede ser bueno o malo según como se implemente. A estos efectos, es trascendental que haya una legislación garante de la libre voluntad en su implementación y la no discriminación con el personal sedentario de la empresa, y que sea efectivamente aplicada.

Los hombres que padecen acoso suele ser por no actuar según sus roles masculinos: son las llamadas ovejas negras

Cuando Díaz-Castroverde tomó posesión como presidente del TSXG en 2019, puso precisamente como deberes la "lucha contra la violencia de género y la desigualdad". ¿Cuánto camino queda por recorrer?
Mucho, aunque también se ha recorrido mucho, y basta con echar la vista atrás apenas unas décadas para comprobarlo. Pero la lucha por la igualdad y contra la discriminación es, como en general la lucha por los derechos humanos, un camino que nunca se debe abandonar y en el que los poderes públicos siempre deben poner el máximo empeño.

Todavía sigue levantándose polémica por una supuesta falta de perspectiva de género en el ámbito judicial ante decisiones como el archivo del caso de A Maruxaina.
Los prejuicios de género naturalizan estereotipos irracionales: los hombres tienen una sexualidad más activa o las mujeres saben cuidar mejor. Estos estereotipos los hemos aprendido las juezas y los jueces igual que las demás personas, dado que vivimos en una sociedad donde hay muchos prejuicios de género. Por ello, a veces caemos en el prejuicio. La solución está en incrementar la capacitación, y en este sentido, desde la Ley de Violencia de 2004 y la Ley de Igualdad de 2007, se han mejorado los planes de formación judicial. Algunos casos nos demuestran, sin embargo, que aún hay mucho margen de mejora.  

Desde sectores conservadores replican que la perspectiva de género es, en sí misma, un sesgo que afecta a la presunción de inocencia o la imparcialidad judicial.
Juzgar es identificar los hechos relevantes, valorar la prueba de esos hechos y aplicar la consecuencia jurídica que la ley anuda a esos hechos. Si en ese razonamiento introducimos un prejuicio de género, vamos a considerar relevantes hechos que no lo son, o no relevantes hechos que sí lo son, la valoración de la prueba se alejará de las reglas de la lógica y la razón, y se distorsionará la recta aplicación de la ley. Enjuiciar con perspectiva de género no es darle la razón siempre a la mujer, sino enjuiciar con objetividad. Por lo tanto, enjuiciar con perspectiva de género, lejos de sesgar la imparcialidad, la refuerza. De la misma manera, la presunción de inocencia no sufre si la condena de una persona se fundamenta en criterios racionales, objetivos e imparciales, y ello es justo lo que busca el enjuiciamiento de género.

¿Cómo valora los últimos cambios legislativos en cuanto al refuerzo del delito de acoso o el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual?
Me parece fuera de toda duda la necesidad de profundizar en la integración de la perspectiva de género en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora bien, nos encontramos en fase de elaboración de las normas, así que es apresurado emitir un juicio sobre si se ha integrado correctamente o no la perspectiva de género.

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