La pareja acusada de haber regentado un prostíbulo en la localidad coruñesa de Noia, al menos entre enero de 2012 y junio de 2013, ha afirmado hoy que eran las chicas las que decidían sus condiciones de vida y pagaban un alquiler por residir en su casa.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido hoy un juicio contra un hombre y una mujer para los que el fiscal pide siete años de prisión y una multa cercana a los 7.000 euros, junto a la confiscación de 11.610, por la presunta comisión de los delitos de prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.
El fiscal considera que ambos tenían a las chicas retenidas y las obligaban a ejercer la prostitución con una disponibilidad de veinticuatro horas los siete días de la semana para quedarse con un cincuenta por ciento de los beneficios y también que distribuían cocaína a los clientes que la pedían.
"Decidimos alquilar habitaciones porque no teníamos salida laboral. Las condiciones las ponían ellas", ha dicho el acusado, que apunta a la existencia de "contratos verbales" además de porcentajes que "ponen ellas".
Más tarde empezaron a hacer contratos escritos con un precio de 240 euros cada semana que incluía los preservativos y los útiles de higiene personal aunque no la manutención, ha subrayado, y ha afirmado que en la casa había cámaras "por seguridad", pues las chicas "tenían sus llaves".
Además, ha argumentado que la cocaína hallada por la Policía era para consumo propio.
Ha negado que se hiciese una presentación de las jóvenes que estaban en su casa a los clientes, como cree el fiscal, y ha reconocido que su pareja les cogía el teléfono, aunque por decisión suya, y que ponían anuncios en prensa para publicitarlas.
Su pareja ha afirmado que las mujeres "eran libres de hacer lo que quisieran" y si residían en su casa es porque el alquiler "era viable", aunque dependía de lo que trabajasen.
En su declaración ha coincidido con la versión de que la cocaína encontrada en el registro era para consumo del varón, que era el encargado de llevar a las chicas en las salidas a hoteles o domicilios.
Una de las mujeres que ejercía la prostitución en la vivienda ha indicado que apenas podían salir "una hora" porque las condiciones "eran abusivas", pues debían estar disponibles las veinticuatro horas del día en unas instalaciones donde se consumía droga.
A pesar de que la casa tenía tres únicas habitaciones ha declarado que hasta seis mujeres coincidieron a la vez en alguna ocasión, pese a que algunas la abandonaban rápidamente.
Este extremo lo habían negado previamente los acusados, que dicen que ellos ocupaban una habitación y las otras dos eran cada una para una chica y nunca hubo más de ese número.
El fiscal opina que la acusada contactaba con las mujeres, concertaba y negociaba las citas y su precio y, más tarde, recibía el pago de los clientes.
Por su parte, el otro acusado, según el fiscal, confeccionaba unos vales que se entregaban al final del día a cada una de las mujeres y que correspondían al dinero ganado tras la reducción del beneficio que se atribuían los acusados.
Apunta también a que las mujeres que estaban mucho tiempo fuera de la casa eran sancionadas económicamente y dice que existen múltiples contradicciones entre las versiones de instrucción y las actuales, algo que los acusados achacan al cansancio de entonces tras ser arrestados.
