Alcaldes del PP en la provincia de Ourense han admitido haber solicitado trabajadores al otrora responsable de la Diputación José Luis Baltar Pumar, siempre de manera "verbal" y en casos de "necesidad urgente", puesto que él era quien "resolvía este tipo de situaciones".
Baltar Pumar se enfrenta a la acusación de presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa continuada por 104 altas laborales registradas en el año 2010, al no haberse publicitado estas vacantes.
El veterano político presidió la Diputación de Ourense durante 22 años, de 1990 hasta el 2012, cuando presentó su dimisión en febrero.
En el cuarto día del juicio que acoge la Audiencia Provincial, una sesión que comenzó pasadas las 10:30 horas a causa de una inundación en el edificio judicial, distintos regidores coincidieron en que despachaban directamente con Baltar Pumar, habitualmente al inicio de año o a finales del anterior, y lo hacían así porque era el "máximo responsable" de las contrataciones.
"Cuando necesitaba o tenía algún problema, él me lo resolvía", ha asegurado el alcalde de Toén, Amancio Antonio Cid.
Este mismo argumento es el que ha esgrimido el regidor del municipio de Baltar, José Antonio Feijóo, quien definió a Baltar Pumar como "un hombre solidario" que "sabía socorrer a los ayuntamientos" acuciados por los problemas presupuestarios.
El alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, proclamó que en algunos casos "se está ahí, en el borde" de la ley.
De hecho, de él mismo ha dicho que solía contratar a los vecinos "que me pidieron trabajo verbalmente" porque "para mí era lo más normal. Claro que hay que cumplir la Ley, pero hay casos en los que se está al borde", ha detallado.
La cerca de media docena de regidores que acudieron esta mañana a testificar explicaron que el mecanismo utilizado era el siguiente: comunicaban sus peticiones y Baltar Pumar, en función del presupuesto, enviaba trabajadores a los ayuntamientos.
En muchos casos, era personal que había trabajado con anterioridad para el ente provincial.
El primer edil de Paderne de Allariz, José Manuel Fernández, tras admitir que acordó con Baltar Pumar el personal, contó que le propuso diez nombres de forma oral, todos ellos de personas que previamente habían pasado por el ayuntamiento para solicitar empleo.
A preguntas planteadas por la acusación particular, la que ejercen el PSOE y el sindicato Manos Limpias, los alcaldes coincidieron en que las solicitudes se solían hacer a finales o comienzos de año.
Por parte de la localidad de Trasmiras, su alcalde, Emilio José Pazos, trató de justificar la contratación "urgente" de un chófer, de un operario de mantenimiento y de un monitor sociocultural, por la "limitación" en la que se encontraba su ayuntamiento a la hora de defender los problemas de los vecinos.
A medida que se sucedieron los testimonios, varios alcaldes de la provincia fueron asumiendo que no llegaron a presentar escrito de solicitud alguno, a pesar haberlo pedido el expresidente Baltar Pumar.
Así, el alcalde de Baltar, absuelto de la presunta comisión de los delitos de amenazas y de coacciones políticas en un juicio celebrado en 2013, manifestó que no le pareció "adecuado" solicitar por escrito la contratación de trabajadores.
"No lo consideré pertinente", espetó Feijóo, quien consideró una "pérdida de tiempo" hacer el informe, ante las preguntas sobre este asunto del fiscal Florentino Delgado.
En esta misma línea, el regidor de Celanova, Antonio Mouriño, insinuó que una vez que ya uno contaba con la persona, "se te podía olvidar" hacer ese documento.
El alcalde de A Veiga, Edesio Yáñez, no supo explicar cómo se efectuó y quién contrató a un informador turístico en esta localidad en temporada baja en vez de en fechas próximas al verano.
"Yo pedía lo que me hacía falta" pero "no recomendé ni a esa ni a ninguna persona".
El abogado del PSOE, José Arcos, insistió en preguntar a los acusados sobre las razones de la urgencia de estas solicitudes.
En muchos casos, estas personas eran contratadas para la realización de tareas administrativas, como monitores, o para labores turísticas, facetas que los regidores han considerado imprescindibles para sus ayuntamientos.
Una empleada que estuvo contratada en un auditorio municipal manifestó que la llamaban de unas listas en las que estaba, a pesar de que había sido calificada de "no apta" en las pruebas realizadas para acceder a un puesto de trabajo.
La declaración de los alcaldes, pedida por la acusación particular, se celebró con algún que otro percance, porque algunos de los alcaldes que fueron citados a declarar, como el de Carballiño o el de Celanova, no ostentaban dicho cargo en 2010.
Terminados los testimonios, las partes -fiscal, defensa y acusaciones particulares- procederán mañana a las 9:30 horas a la lectura de las conclusiones, y el juicio quedará visto para sentencia después de cinco días.
