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Los 5 concellos con prisiones piden que Madrid compense sus gastos

Los municipios de Curtis, A Lama, Pereiro de Aguiar, Monterroso y Outeiro de Rei, constituyeron este jueves en Santiago la Sección de Concellos Galegos con Centros Penitenciarios con el fin de reclamar ante el Gobierno central una compensación por los gastos que acarrean los penales a las arcas locales.

Los representantes locales elaboraron un acuerdo marco en el que se estipula una serie de reivindicaciones colectivas, entre las que destaca una compensación por la exención del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la que se benefician estas instituciones. Dado que esta tasa que grava el valor catastral del edificio supone una de las principales fuentes de ingresos de unos concellos con finanzas ya de por sí debilitadas, los regidores coinciden en la necesidad de que el Ministerio del Interior compense este hecho.

Además, estos cinco municipios demandan que se les entreguen fondos en base al número de reclusos de cada centro con el fin de cubrir los gastos a los que hacen frente en concepto de servicios básicos e infraestructuras.

Partida presupuestaria para los penales
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos (PPdeG), recordó que los penales y los familiares de los presos hacen uso de servicios públicos como la red de abastecimiento de agua, el transporte, las carreteras o el alcantarillado, "un coste que recae íntegramente en los ciudadanos". Es por ello que piden que el Estado consigne una partida presupuestaria anual en función de la población carcelaria, que en Galicia supera los 5.100 reclusos.

Esta nueva agrupación, cuya creación contó hace un año con el respaldo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), también reclama que se corrijan las deficiencas en seguridad, aumentando la dotación de agentes de la Benemérita, y que se retribuya la actividad "adicional" que registran los juzgados de paz, a los que deben presentarse los presos que obtienen el tercer grado penitenciario.

En este sentido, los mandatarios locales también consideran que debe compensarse el trabajo que registran los servicios sociales al intervenir en programas de inserción social y laboral de los reclusos.

Imagen negativa
Por su parte, el teniente alcalde de Pereiro de Aguiar y también funcionario de prisiones, Manuel Doval (PP), incidió en la carga añadida que para estos concellos supone ver asociada su imagen a la presencia de una prisión. "Fuera del territorio gallego, concellos como Pereiro son conocidos por la existencia de una cárcel, algo que la sociedad no ve con buenos ojos".

En esta línea, remarcó que "los grandes municipios gallegos no tienen cuatro centros penitenciarios", un hecho que atribuyó a las "mayores facilidades" que tuvo en su día la Administración central para llevarlos a municipios más reducidos.

A falta de que la nueva plataforma cifre los costes globales que entrena la presencia de prisiones en su territorio, Doval cifró en unos 300.000 euros anuales la compensación que debería recibir el municipio ourensano "en función de la población carcelaria y de lo que dejamos de ingresar por el IBI".

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