Llega el debate sobre el alquiler de habitaciones particulares a turistas

El Clúster Turismo de Galicia calcula que existen entre 5.500 y 7.000 alojamientos sin licencia en la comunidad. La Xunta regula la actividad y prevé sancionar tanto a propietarios como a webs donde se anuncien
Usuarios buscando alojamiento con Airbnb
photo_camera Usuarios buscando alojamiento con Airbnb

La economía colaborativa se extiende por varios sectores dando lugar a empresas de éxito con internet como acelerador. A través de la red, los particulares se ponen en contacto para intercambiar servicios como compartir coche y ahora también para buscar hospedaje. El proceso es sencillo: una persona oferta en alquiler una de las habitaciones de su vivienda en un portal a un precio más asequible que un hotel y el turista elige esa opción de alojamiento, que no tiene licencia, ya sea por precio o por compartir la experiencia del viaje con un anfitrión autóctono.

Galicia no es una excepción y se sube a la ola del alojamiento vía internet. El Clúster Turismo de Galicia calcula que en la comunidad hay entre 5.500 y 7.000 plazas de este tipo. Santiago de Compostela tiene ya un 18% de viviendas para alquiler turístico sin licencia, según un informe de la consultora Ernst & Young (EY). Las cifras revelan una realidad que las administraciones están tratando de regular. Con precios competitivos como gancho por la falta de intermediarios, estos alojamientos tienen como contrapartida la falta de garantías por la ausencia de un marco legal.

La Xunta de Galicia ha elaborado un proyecto de decreto porque "su rápida difusión permitió que se venga realizando esta actividad sin control administrativo". Algunas de las medidas que contiene la futura norma son la concepción del espacio alquilado como espacio público, la obligatoriedad de poseer hojas de reclamación o una declaración responsable del propietario. También incluye una categorización por calidad similar a la que tienen los hoteles con las estrellas, pero en este caso los apartamentos se dividirán en una, dos o tres llaves.

Además, los dueños estarán sujetos a sanciones e inspecciones, que, según la Axencia Turismo de Galicia, ya se han "incrementado en el último año". El objetivo, según la institución, es que "se den de alta para beneficio tanto de los turistas como de los propios establecimientos".

COMPETENCIA. No solo en Galicia se oyen las quejas del sector. A nivel español la patronal Exceltur alerta de las consecuencias para el turismo en un informe encargado a EY. En el documento se explica que buena parte de esta oferta pertenece a la economía sumergida y calculan que se pierden en torno a 367 millones de euros anuales solamente en el pago del Iva. El sector denuncia que este tipo de alojamientos suponen una competencia desleal, puesto que, según el informe, "el desigual trato normativo y consecuente agravio comparativo respecto de la oferta reglada" genera una ventaja de costes de "17,2 euros" de media por plaza de alojamiento.

ALTERNATIVA. Los partidarios de la economía colaborativa argumentan que, para una familia, el alquiler para uso turístico supone un complemento, muchas veces necesario, a la economía doméstica. Además, desde que ponen en contacto a los particulares, explican que para el viajero es una nueva forma de vivir su estancia: acompañados de una persona autóctona la experiencia es mucho más auténtica, argumentan. Las plataformas que más éxito tienen en España son Airbnb y Homeaway. La primera de ellas fue creada en 2008 y se introdujo en España en 2012. Hoy en día tienen más de 100.000 anuncios ofertando alojamiento en todo el país. Desde este portal explican que muchas ciudades y países regulan la actividad, pero en algunos lugares con el fin de potenciarla. "Londres aprobó a finales de febrero una ley para promover la economía colaborativa", constatan.

Para controlar esta actividad, en Galicia, la Xunta advierte de que las acciones en materia sancionadora se dirigirán "tanto hacia las plataformas comercializadoras como hacia los propietarios" siendo responsables "solidarios" de las infracciones detectadas.

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