El 25,2% de la población gallega estaba en 2021 en riesgo de pobreza o de exclusión social. Es una décima menos que el curso anterior, un dato que, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) Galicia, refleja el "relativo éxito" de las medidas de choque contra la pobreza adoptadas por las administraciones públicas y las organizaciones de acción social y que deben servir de "aprendizaxe" para atajar los efectos de la crisis derivada de la invasión de Ucrania y la inflación. "A emerxencia é agora", advirtió la presidenta de la entidad, Eloína Ingerto, que llamó a no "frear" iniciativas que se han probado eficaces como la Tarxeta Básica de la Xunta, creada durante la pandemia y desactivada el pasado mes de junio.
En el último año, la tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social se redujo "lixeiramente" en Galicia, al afectar, en términos absolutos, a 678.000 personas, unas 4.000 menos que en 2020. Sigue, además, la tendencia contraria al conjunto del Estado, donde este indicador aumentó un 0,8%, hasta el 17,8%, de acuerdo con los datos trasladados este lunes por EAPN Galicia con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y tomados de la última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (Ine).
Aunque el descenso en crudo es mínimo, cabe tener en cuenta que los datos de 2021 reflejan el impacto de la pandemia sobre la economía y la sociedad, así como la eficacia de las políticas adoptadas para contener sus efectos negativos. Por ello, el organismo destaca que estas personas podrían ser "127.000 máis" en caso de que no se hubieran activado "medidas de choque" como las del Gobierno central, caso de los Erte o el Ingreso Mínimo Vital –y a las que habría que añadir las pensiones, cuya estabilidad permitió mejorar la situación global del colectivo de personas mayores–, y la Xunta, como el mantenimiento de la Risga y, "sobre todo", la Tarxeta Básica, que permitió "de forma rápida e sen burocracia" facilitar entre 150 y 300 euros al mes en ayudas a familias vulnerables para comprar productos de alimentación, higiene o farmacia; un punto de partida clave que, posteriormente, "permite afrontar todos os demais procesos de inclusión social", explicó el director de EAPN Galicia, Xosé Cuns.
En este sentido, apuntó a la mejoría que se aprecia en dos indicadores "que teñen que ver con medidas estritas de política social": el porcentaje de personas que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, que baja en un año del 28,1% al 24,7%, y "especialmente", la de personas que no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, que cae desde el "disparado" 14,9% de 2020 al 2,1% del curso pasado. Una tendencia que atribuyó en este instrumento, "moi centrado naquelas persoas en maior situación de pobreza", incluso entre vecinos en situación administrativa irregular, y que "apenas se fixo noutras comunidades". De hecho, "ningunha reflicte unha baixada na mesma liña" que Galicia en cuanto a estas carencias materiales severas, añadió Cuns.
Este efecto puede percibirse asimismo en estadísticas más generales. El informe de EAPN Galicia muestra que la tasa de pobreza gallega descendió del 22,1% al 20,2% en el 2021, con lo que vuelve a situarse por debajo de la media española, que por su parte sube del 21% al 21,7%. En este apartado, la ONG subraya que, sin medidas de protección social, el porcentaje se desbocaría hasta el 30,6%. Con todo, se trata de una mejoría "notable" pero con profundos matices, ya que, por ejemplo, se trata de un descenso con rostro masculino: de estas 678.000 personas, 311.000 eran hombres –un 0,9% menos– y 367.000, mujeres –un 0,7% más–. En este agravamiento de la feminización de la pobreza responde, en gran parte, a la muy superior tasa de pobreza que muestran los hogares compuestos mayoritariamente por mujeres, como los monoparentales –de los cuales el 54,3% no alcanza los 9.535 euros anuales que marcan el umbral del riesgo de pobreza– o los compuestos por personas mayores solas.
También baja la tasa de pobreza severa, cuyo límite se establece en una renta mensual máxima de 530 euros en un hogar unipersonal o de 1.112 euros en un hogar de dos adultos y dos niños. Esta situación se cierne sobre 237.769 personas, 16.000 menos que el año anterior. Es el 8,8% de la población, seis décimas menos que en 2020. Y, de nuevo, el dato mejora entre los hombres (-1,6%) y empeora entre las mujeres (+0,3%).
La feminización de la pobreza se agrava debido a su mayor impacto sobre los hogares monoparentales y las personas mayores que viven solas
Pero, además, las medias extraordinarias de los gobiernos central, autonómico y local también sirvieron para apoyar a las clases medias y, en definitiva, posibilitaron una mejora de los indicadores de desigualdad. La población gallega cuyos ingresos por unidad de consumo se sitúan en el 10% con renta más baja del país -un máximo de 6.285 euros mensuales- descendió del 9,7% al 8,6%, "o que implica unha diminución significativa da poboación máis vulnerable". En el otro lado, aquellas con ingresos superiores a 32.059 euros mensuales apenas varía. Así, el índice de Gini, utilizado para medir la diferencia en los ingresos, se recortó este año del 29,7 a 29,2 en Galicia, en tanto que a nivel estatal creció del 32,1 al 33.
En vista de todo este análisis, tras "felicitar" a la Xunta por el "modelo de éxito reconocido en la lucha contra la pobreza severa" que constituyó la Tarxeta Básica, que tuvo unos 75.000 beneficiarios y supuso 31 millones de euros de inversión, Ingerto se preguntó "por que frear aquilo que está a funcionar" y "deixar de dar resposta" a una situación que vuelve a ser de crisis, puesto que las estadísticas contenidas en el informe datan del pasado diciembre, es decir, que son previos a los efectos de la guerra en Ucrania y el incremento en los precios de la energía, los combustibles y los productos básicos. "Por que non empezar de novo asegurando a implicación orzamentaria dos municipios e reforzando o seu papel como primeiro paso nos procesos de inclusión social e acceso ao emprego?", sugirió.
TRABAJAR NO SACA DE POBRE. Los representantes de EAPN Galicia destacaron la importancia de estas medidas de protección en un contexto en el que empleo es "necesario" para salir de la pobreza, pero no siempre es "suficiente". Según alertó Cuns, las personas que trabajan y aun así están en riesgo de pobreza aumentan del 13,5 al 17,9%, en datos estatales. "Visto desde o outro lado, o 33% dos que están na pobreza teñen un emprego", abundó. Es un factor que "se agrava", de igual manera que, enfocado desde la formación de los afectados, "cada vez hai máis persoas en risco de pobreza que teñen estudos superiores".
A ello hay que sumar una "emerxencia" que afecta a un derecho esencial, el de la vivienda, y que "empeora un ano máis". Todos los parámetros analizados "certifican o agravamento da emerxencia residencial e de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible", sintetizan las conclusiones de un estudio que detalla que el 24,8% de las personas en situación pobreza dedican "mais do 40% da súa renda dispoñible a gastos de vivenda", casi dos puntos más que en 2020, y "o 19,5% gasta mais da metade". Unos datos que, además, son peores en familias con menores.
En paralelo, en 2021 volvieron a incrementarse los hogares con retrasos en el pago de gastos de la vivienda, del 8,5% al 9%, "duplicando a taxa do 2017", y aumentaron las personas que no pueden permitirse "manter a vivenda cunha temperatura adecuada", que crecen del 9,6% al 13,1% en una tendencia que, previsiblemente, se recrudecerá en encuestas posteriores a causa de la crisis de precios de la energía.
