Libertad para los detenidos por pesca ilegal en la Antártida tras depositar fianzas por 600.000 euros

Los cuatro miembros de la familia de armadores de Ribeira y los otros dos arrestados saldrán de prisión pese al reconocido riesgo de fuga y tendrán que presentarse cada quince días en el juzgado

Los cuatro miembros de la familia de armadores gallegos Vidal Pego y los otros dos trabajadores arrestados en la operación 'Yuyus', para quienes la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó prisión el miércoles por pesca ilegal de merluza negra en aguas de la Antártida, saldrán de prisión tras depositar los 100.000 euros de fianza que les fueron impuestos a cada uno (600.000 en total) para eludir esta medida cautelar. Así lo han señalado este jueves fuentes jurídicas, que han precisado que tras la aportación del dinero se están notificando a instituciones penitenciarias los respectivos mandamientos de libertad para los implicados, que saldrán de la cárcel a lo largo del día.

La investigación atribuye a los acusados delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, y decretó el miércoles su reclusión justificándola en el riesgo de fuga, la "alta" probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las "trabas e intervenciones" que los implicados puedan hacer en su patrimonio ilícito. Pese a su puesta en libertad, siguen vigentes otras medidas cautelares que la juez central de instrucción número 3 impuso a los armadores, como son la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a sus domicilios y la obligación de fijar la localización de sus viviendas.

Para la pesca de esta especie, conocida como 'oro blanco' por el alto valor que alcanza en el mercado, el entramado utilizaba diversos buques registrados a nombre de "empresas interpuestas con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre". Una de las naves se bautizó con el nombre de Thule y pasó posteriormente a denominarse Kunlun, Eolo, Redmoon, Blackmoon e InaMaka durante un periplo en el que portó variopintas banderas de países como Guinea Ecuatorial o Corea del Norte. Además, disponían de otros tres navíos para la pesca ilícita, que también se llamaron de distintas formas, entre ellas Louyang, Songhua y Yongding.

Los beneficios obtenidos se blanqueaban a través de un entramado societario radicado en España y en el extranjero. Según la documentación aportada por la Guardia Civil, el grupo empresarial estaría compuesto por mercantiles nacionales junto con otras ubicadas en estados como Belice, Suiza o Panamá.

INDEMNIZACION. De hecho, los acusados han llegado a percibir indemnizaciones por el hundimiento de buques que transportaban la mercancía ilícita. La empresa Millenium Trading Invest, domiciliada en Belice, sería la beneficiaria final del cobro de una compensación que ascendió a 6,3 millones de euros, de los cuales a la embarcación corresponderían 1,25 millones y el resto se referían a la pérdida de la carga. Al final, el Grupo Vidal logró "blanquear parte de la indemnización recibida, convirtiéndola en el pago de un buque lícito". 

Los acusados declararon también la merluza de profundidad pescada como si fuera mero congelado o atún. Tailandia comprobó el 16 de marzo de 2015 que la mercancía descargada por el buque Kunlun "no coincidía con la real", ya que aseguraban portar 183 toneladas de mero congelado cuando "en realidad" se trataba de 183 toneladas de merluza de profundidad. 

Entre los detenidos se encuentran cuatro miembros de la familia Vidal-Pego: el padre Antonio Vidal Suárez, que es propietario de la empresa armadora Vidal Armadores, de Ribeira, y sus tres hijos Belén, Antonio y Angel. La madre, Manuela Pego, que no ha comparecido este miércoles ante la juez, también se encuentra imputada por los mismos hechos. 

Además, han sido arrestados los directivos de empresas del grupo Joaquín Manuel Pérez Mariño y Francisco Rama Gago. Se relaciona con la trama a un tercer empleado, Ramón Vicente Serafín. La juez asegura que funcionan como una organización criminal puesto que "cualquier decisión relevante debe ser consensuada con el resto de la familia, donde el padre tiene la capacidad de tomar la decisión última".

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