Xunta y concellos de más 20.000 habitantes destinarán un 7% a servicios sociales

Anxo Quintana, vicepresidente de la Xunta (Ferrín. AGN)
photo_camera Anxo Quintana, vicepresidente de la Xunta (Ferrín. AGN)

La Xunta y los ayuntamientos gallegos de más de 20.000 habitantes deberán destinar un 7% de sus presupuestos a servicios sociales según anunció hoy el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana durante la presentación del anteproyecto de Lei de Servizos Sociais de Galicia.

La Ley aún no ha iniciado su trámite parlamentario y por tanto podría sufrir cambios durante su debate en la Cámara gallega. Según establece el texto inicial, implicaría que la Xunta pasase a destinar durante los próximos seis años el 7% de los recursos públicos consignados en los presupuestos de la comunidad, cuando en 2006 y en 2007 había destinado sobre un 4,8%.

Por su parte, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes incrementarían en un punto la cantidad que destinan a servicios sociales, ya que una ley actual les obliga a destinar el 6%.

Asentamento do Sistema de Benestar
Quintana explicó que la Lei de Servizos Sociais supondrá un paso "importantísimo", ya que asienta el "marco legal" para la puesta en servicio del Sistema Galego de Benestar, un sistema "público, nacional y propio".

El vicepresidente gallego explicó que este anteproyecto supone un cambio en el "centro de gravedad" de las políticas públicas. "De la política de las infraestructuras, del cemento, a las políticas de las personas", aseguró.

Tarjeta social y profesional de referencia
El Sistema Galego de Benestar prevé incorporar nuevas herramientas para su articulación, como la tarjeta social y el "profesional de referencia". Estas dos herramientas derivan del "expediente social básico" que cada ciudadano tendrá, a imagen y semejanza del historial único que existe en el Servizo Galego de Saúde.

La creación de este expediente permitirá la gestión homogénea de cada caso. La tarjeta social tendrá similares características a la tarjeta sanitaria, según explicó Quintana, mientras que el "profesional de referencia" cumplirá funciones similares a las del "médico de cabecera".

El vicepresidente gallego destacó que con esta nueva ley, que aún no ha empezado su trámite parlamentario, el Gobierno gallego apuesta por la "colaboración interinstitucional", entre Xunta y municipios, que ya colaboran a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, y la red pública de centros de día.

Cambiar la beneficencia por derechos
"Dejamos atrás la beneficencia y el asistencialismo, y los cambiamos por derechos", afirmó Quintana, quien explicó que en las zonas urbanas los municipios tendrán una "unidad asistencial" por cada diez mil habitantes, mientras que en el rural, esa relación será de una unidad asistencial por cada tres mil habitantes.

También hizo hincapié en que la Xunta destinará los ingresos por las sanciones a la mejora de la cobertura de los servicios sociales, de modo que estas sanciones se observen como una medida para "reequilibrar y redistribuir", y no para "recaudar".

La ley desarrolla nuevas formas de intervención, como la Axencia Galega de Servizos Sociais y la Axencia de Atención aos Menores, y desarrolla mecanismos de "control y garantía", como el Plan Estratéxico de Servizos Sociais.

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