El Gobierno gallego acordó recurrir el decreto del carbón al Tribunal Supremo, institución judicial a la que solicitará la suspensión cautelar de la aplicación de esta normativa, por ocasionar perjuicios de "imposible o difícil" reparación. Lo manifestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello que autoriza a la asesoría jurídica a desplegar las armas judiciales existentes para parar la aplicación de esta norma.
"Solicitamos la suspensión cautelar del decreto que desmantela las térmicas gallegas y solicitamos la reversión para garantizar la continuidad de las plantas de As Pontes y Meirama y los 3.500 empleos", argumentó el presidente autonómico. La solicitud de suspensión cautelar irá argumentada a través de un informe elaborado por la Consellería de Economía e Industria que se hará llegar al Tribunal Supremo y que explica las repercusiones que provocará la aplicación del decreto.
La Xunta hará constar, al respecto, no sólo que las empresas verán limitada su actividad, sino los perjuicios que este real decreto tendrá en el mercado energético general y en los precios. El Gobierno autonómico asegura que encuentra respaldo a sus argumentos en los informes "críticos" emitidos por la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia, que concluye que el decreto ocasiona un efecto negativo sobre la eficiencia y competencia de los mercados.
Otra de las armas que esgrimirá la Xunta para lograr la suspensión consistirá en constatar la inexistencia de perturbación grave para los intereses generales o para un tercero. El Gobierno autonómico cree que esto es un hecho, pues el interés general comprende el correcto funcionamiento del mercado eléctrico y las garantías del suministro.
Según Feijóo, "entendemos que es nulo" el decreto, porque "omite informes" del Consejo de Estado tras la decisión de la Comisión Europea. Asimismo, explicó que el recurso también reflejará la tesis de la Xunta de que el decreto del carbón "infringe la ley reguladora del sector eléctrico en cuatro puntos". Además de ante el Tribunal Supremo, el Gobierno autonómico está esperando a que el decreto sea publicado en el diario oficial de la Unión Europea, para "estudiarlo" y plantear recurso también ante Luxemburgo.
Sobre Pachi Vázquez y Sebastián
Preguntado sobre la reunión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, con el líder del PSdeG, Manuel Vázquez, para hablar sobre el decreto del carbón, Feijóo consideró que es "un episodio más de la falta de respeto institucional" del Gobierno central con el autonómico. "El Gobierno central es desleal con los intereses gallegos", recriminó, para recordar que el Ejecutivo autonómico solicitó, sin éxito, reuniones con el Gobierno español para abordar este asunto.
Feijóo defendió que la Xunta trabajó "desde el principio" para que los municipios de Cerceda y As Pontes no se vieran perjudicados por este decreto, que asegura que pone en peligro la pervivencia de las térmicas, 3.500 empleos, el desarrollo energético de Galicia, el equilibrio presupuestario de los puertos exteriores de Ferrol y A Coruña.
Al respecto de las consecuencias de este decreto, aludió a las pérdidas de las térmicas que no pueden compensar la inversión de más de mil millones de euros realizadas para "adecuar sus calderas", la reducción de la actividad de Reganosa y hasta un 40% de "pérdidas de ingresos" para el Puerto Exterior de Ferrol. A la Xunta y a los concellos les supone también una caída de 10 millones de euros en ingresos procedentes de impuestos.
