La portavoz del grupo de gobierno de Santiago, María Pardo, ha confiado en que se archive la causa abierta a 7 ediles del PP por un delito de prevaricación al aprobar en junta de gobierno una resolución para que el ayuntamiento costease la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la Pokemon.
A la salida de los compostelanos juzgados de Fontiñas, Pardo ha indicado que declaró "unos diez o quince minutos" y el resto de sus compañeros "algunos más y otros menos" y ha apuntado que el juez quería saber cómo había transcurrido esa junta de gobierno local en mayo, "los hechos, exclusivamente, cómo se desarrolló".
Consultada por si aguarda un sobreseimiento, ha respondido afirmativamente pero ha apuntado que prefiere ser prudente, que "no suelo serlo como sabéis", pero en este caso "prefiero esperar a que se resuelva todo", ha comentado a los informadores.
El primero en llegar al edificio judicial, a las 8:30 horas, ha sido el alcalde, Ángel Currás, que ha venido simplemente a dar apoyo y ya se ha ido y, tras él, Juan de la Fuente y Amelia González; la portavoz del grupo de gobierno, María Pardo; Cecilia Sierra, María Castelao, Francisco Noya y, el último, José Luis Bello a las 10:22.
Las fuentes consultadas han señalado que la junta de gobierno para costear la defensa de su compañero, algo a lo que él se negó, se tomó avalada por informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento.
Han indicado así que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales es un derecho que les asiste y también que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la operación Pokemon renunció a ella.
Esta investigación, la Pokemon, se puso en marcha por la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas administraciones gallegas, así como en Asturias y Cataluña.
La portavoz del grupo de gobierno de Santiago confía que la causa sea sobreseída pronto
