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La policía desaloja a los operarios vigueses encerrados en la delegación de la Xunta

El grupo de trabajadores y delegados sindicales del sector naval que se habían encerrado desde las 11.00 horas en dependencias de la delegación territorial de la Xunta en Vigo han sido desalojados por la policía.

Los manifestantes están en la quinta planta del edificio gubernamental a la espera de ser recibidos por la delegada, María José Bravo Bosch, a quien expondrán su malestar por el resultado de la reunión de ayer entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.

El desalojo se ha producido tras la negativa de los trabajadores a abandonar el edificio hasta que un "interlocutor válido" - Bravo estaba ausente- les informara "de primera mano" de la reunión. "Esto es lo que representa para el Gobierno y la Xunta el sector naval, una respuesta policial", han clamado los portavoces sindicales organizadores de una acción de protesta conjunta entre CIG, UGT y CC OO.

UNA REUNIÓN SIN CONFIRMACIONES

En la reunión entre Soria y Almunia, de la que apenas han trascendido datos, trabajaron en base a un documento que, según ha denunciado UGT, no cifraba porcentajes sobre las bonificaciones para la construcción de buques, ni siquiera el 20 % del modelo francés, el único que cuenta con el beneplácito de Bruselas.

César Rodríguez, de la CIG, ha manifestado a EFE que el encierro de hoy es una medida que venían "madurando", pero que la reunión de ayer le viene a dar "mucha más dimensión", ya que el naval sigue "como hace diez meses: prácticamente desecho y sin visos de solución".

Rodríguez reclama que la Xunta y el Gobierno "pongan las cartas sobre la mesa" y aclaren "si apuestan por el sector", al que le aguarda "un futuro muy negro" dado que las empresas que aún resisten "ya dan por seguro" que este año no habrá carga de trabajo, ni siquiera "en el mejor de los casos": con un nuevo tax-lease en vigor, agrega. Ha augurado, de aquí al verano, "una nueva avalancha" de cierres y despidos, habida cuenta de que "muchos empleados" acogidos a ERE van agotando sus periodos de prestación.

El motivo del encierro era reclamar una solución urgente para el sistema de bonificaciones para la construcción de buques -el denominado tax-lease-, bloqueado en Bruselas desde junio de 2011. La CIG calcula que en la ría de Vigo hay entre 2.500 y 3.000 empleados con vinculación al sector naval, a través de ERE o en plantilla, lo que no supone ni la tercera parte de lo que había hace apenas tres años, concluye .

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