La morosidad en alquiler subió en Galicia un 8,35% en 2012

La morosidad media en los arrendamientos urbanos se incrementó en Galicia un 8,35 % en 2012 con respecto a un año antes, hasta situarse en 5.550,38 euros, según el VI estudio sobre morosidad en arrendamientos.

A nivel nacional, en España el importe medio de morosidad en arrendamientos subió un 13,2 % en 2012 sobre 2011, hasta los 6.134 euros, una cifra que en el caso de la comunidad autónoma de Madrid se multiplicó por más del doble hasta 15.828,6 euros.

A pesar de este incremento, la cuantía de la morosidad en España alcanzó su máximo en 2010, cuando superó de media los 8.000 euros, según ha señalado hoy el director de Estudios del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), Sergio Cardona, durante la presentación del estudio.

Además de Madrid, las comunidades autónomas que contabilizaron los mayores importes de morosidad fueron Murcia (12,440,3 euros); Baleares (10.051,1 euros) y País Vasco (8.911,3 euros). Por debajo de la media se situaron La Rioja (1.507 euros); Castilla y León (2.550 euros); Asturias (3.870 euros) y Aragón (3.239,3 euros).

Por provincias, la cuantía media de la morosidad fue superior en Madrid, con 15.828,6 euros; Barcelona, con 12.627,5 euros y Murcia, con 12.440 euros. Fue, sin embargo, inferior en Soria, con 904,9 euros; Zamora, con 1.329,5 euros, y Cuenca, con 1.621 euros.

Andalucía lideró los mayores incrementos de la morosidad en los alquileres con un 19,1 % más, seguida de Madrid (18,6 %); Comunidad Valenciana (16,7 %); Cataluña (14,8 %) y Murcia (14,4 %). En el lado contrario se situaron Cantabria (0,96 % más), Navarra (1,7 %), La Rioja (1,94 %), Canarias (2,45 %) y Asturias (2,4 %).

Las provincias que registraron en 2012 un mayor incremento interanual de la morosidad fueron Málaga (25,8 %); Granada (25,2 %) y Huelva (23,4 %), y las que menos, Cantabria (0,9 %); León (1,1 %); Navarra (1,7 %) y Burgos (1,8 %).

El Fichero de Inquilinos Morosos contiene información sobre arrendamientos impagados, tanto de personas físicas como jurídicas, aportada por los propios arrendadores y profesionales de la gestión de alquileres. Asimismo, dispone de información procedente de sentencias judiciales por desahucio.

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