La justicia ordena que se ejecute el derribo de la casa de Reza

Desestima la medida cautelar solicitada por la propietaria de la vivienda

El juzgado de Ourense ha desestimado la medida cautelar solicitada por la propietaria de la vivienda de Reza, Rosa Alonso, para pedir la suspensión de la demolición de su casa, y ha ordenado que se ejecute la orden de derribo, que ya está en plena ejecución.

En el auto, con fecha de este viernes, el juez esgrime que el Ayuntamiento de Ourense "no necesita darse a sí mismo licencia ni autorización urbanística para poder ejecutar una orden judicial firme" tras asegurar que "una vez acordada judicialmente", "no se requiere licencia municipal para la demolición".

Tras "reiteradas peticiones del denunciante", un auto que data del 10 de junio de 2014 ordenaba al Ayuntamiento derribar la vivienda, para lo cual le daba un plazo de tres meses y cuya ejecución fue ratificada recientemente.


En el caso de cumplir la sentencia, se advertía de que "se le impondrán multas coercitivas personales a la autoridad y funcionarios responsables sin perjuicio de las consecuencias penales que se pudieran derivar".

En dicho escrito, asegura que desde entonces la propietaria "no sólo no recurrió el auto sino que en todo el mes transcurrido desde entonces no ha manifestado nada en dicho proceso judicial" y no ha presentado un solo escrito.

Sobre este extremo, el letrado de Miguel Fernández y Rosa Alonso, ha asegurado que es "falso" y apuntó que la afectada solicitó un escrito al consistorio, del 30 abril de 2015, "sin contestar" y ha recordado que no existe proyecto de demolición.

En este sentido, ha avanzado que piensa recurrir dicho auto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a pesar de que ya se está ejecutando la demolición.

Critica que el juez que firma este nuevo auto "es el mismo que ha ordenado la demolición" por lo que pedirá "revisar de principio a fin todo el procedimiento administrativo y exigir las responsabilidades oportunas".

En los últimos días advertía de que pedirá además "responsabilidades patrimoniales" al Ayuntamiento por esta actuación en una vivienda que podría ser legalizada con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

En el día de ayer, el hijo del denunciante declinaba hacer declaraciones a Efe al respecto. La vivienda se espera que resulta demolida en las próximas semanas, pues estaba previsto un plazo de veinte días para culminar el derribo. 

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