La Fiscalía y la Sociedad Gitana de Galicia han anunciado hoy que intentarán evitar la vía penal mientras se busca un acuerdo para resolver el conflicto de los supuestos desterrados de Tui y O Porriño. El presidente de la Sociedad Gitana de Galicia, Sinaí Giménez, ha negado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que hayan existido "nunca" amenazas o coacciones a los más de cuatrocientos miembros del clan de los gitanos zamoranos.
Giménez ha "aclarado toda la verdad" ante el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, según ha comentado posteriormente ante los periodistas, a los que ha dicho que dio "información muy necesaria para aclarar la situación" por lo que sale "muy contento de esta declaración a petición propia".
"Acudo a esta cita con el fiscal porque le hemos pedido poder acudir para aclarar toda la verdad. Después de una hora y media declarando, entiendo que se ha dado información suficiente para aclarar la verdad y que el fiscal actuará según lo que considere oportuno", ha añadido.
Consultado por si existieron amenazas o coacciones ha asegurado que "nunca las ha habido" y, de hecho, "se decían muchas cosas que no eran ciertas" sobre este asunto. Su abogado es Cándido Conde-Pumpido, que ha insistido en que nunca hubo "ninguna coacción" para el presunto destierro y tampoco existe "denuncia de ninguno de los supuestamente coaccionados".
"El principal origen de este procedimiento y de todo el conflicto social que se ha generado está en la concejala de Tui Olga Montes, que ha propiciado un enfrentamiento entre dos divisiones de la familia gitana", ha apuntado Conde-Pumpido.
Culpa a la edil del Partido Popular en esta localidad de haber provocado ciertas desavenencias en el colectivo gitano que provocaron un desplazamiento de varios centenares de personas. "Esta concejala, que ya ha declarado como imputada por un delito de tráfico de influencias y por un delito de falsedad, ha ocasionado un enfrentamiento entre las personas que se marcharon de Tui. Lo ha generado desde el momento en que había una reivindicación hacia ella y no ha sido atendida, por lo que se sintieron agraviados unos frente a otros", ha continuado.
Ahora existe un "principio de acuerdo" con la Fiscalía, que sabe que "lo más importante es la paz social", y por eso "hay que conseguir una convivencia pacífica".
"Para conseguirlo igual el Derecho Penal no es lo más adecuado. No se consigue persiguiendo y criminalizando a los supuestos responsables", ha enfatizado, por lo que se intentará alcanzar una solución pronto.
Desde la Fiscalía explican en un comunicado que ven con buenos ojos esta solución que consiste en evitar la vía penal para que sean las familias las que hallen una respuesta al conflicto. La situación surge después de que un grupo de un centenar de familias gitanas regresara el pasado fin de semana a sus viviendas en Tui y Porriño tras partir hace ahora un mes a Zamora, de donde son originarias, debido a las rivalidades con otros grupo de gitanos de Galicia.
Las familias que regresaron, y que se dedicaban a la venta ambulante en mercadillos de Vigo, partieron a principios de noviembre hacia Castilla ante las desavenencias con el otro grupo, liderado por el presidente de la Sociedad Gitana de Galicia, Sinaí Giménez, hijo del patriarca del clan de los "Morones".
Las rivalidades obedecen al desacuerdo sobre la feria de Tui, en la frontera hispano-portuguesa, en la que aparecen además de rivalidades personales, factores socioeconómicos y hasta religiosos. Ante esa situación, varios partidos municipales han mostrado su respaldo al regreso de la comunidad gitana desterrada, que de momento se mantiene encerrada hasta el punto de que sus hijos no acuden a las escuelas.
