Dos años de espera

La Fiscalía señala siete muertes por hepatitis C como el resultado de "retrasos injustificados"

Imputa a dos altos cargos de la Consellería de Sanidade un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por las demoras en la administación del fármaco Sofosbuvir

La Fiscalía imputa a dos altos cargos de la Consellería de Sanidad por homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación, al responsabilizarlos directamente del fallecimiento de siete enfermos de hepatitis C tras los "retrasos injustificados" que aprecia en la tramitación del acceso a su tratamiento.

El fiscal considera que el actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, en aquel momento director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González Criado, eran los "responsables" de la autorización necesaria para que un paciente con hepatitis C pueda ser tratado con Sofosbuvir, un fármaco que multiplica las posibilidades de curación.

Según consta en el escrito de acusación, ambos "dilataron" la toma de decisiones con respecto a ocho pacientes, seis de los cuales fallecieron, así como también la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación para poder comprar dicha medicación, "eludiendo dar una respuesta" a las peticiones formuladas por los médicos de estos enfermos.

Todos ellos, continúa el ministerio fiscal, eran pacientes que se encontraban en estado "grave" y sin otra alternativa terapéutica que el suministro del Sofosbuvir, "infringiendo" los compromisos establecidos en el protocolo elaborado por la administración "hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes, con resultado de muerte en algunos supuestos".

Además, la Fiscalía asegura que Rubial como director de Asistencia Sanitaria "incumpliendo la legalidad" en lugar de tramitar un concurso público que garantizase el suministro del medicamento de forma inmediata a todos los pacientes, tras dejar de ser gratuito en enero de 2014, "lo fraccionó en contratos menores" a través de los centros de gestión integrada.

El fiscal explica que esta medida, al estar únicamente firmada por el jefe de contabilidad de cada centro, obligaba a esperar a una transferencia de crédito a finales de año para poder afrontar su pago, de lo que se desprende, apunta en el escrito de acusación, que el retraso en el suministro obedeció a "razones de tipo presupuestario" y no de contenido médico o clínico.

La Fiscalía detalla lo sucedido con cada uno de los pacientes, los siete fallecidos y un octavo al que, a pesar de estar acreditado que solicitó recibir el medicamento "no consta que hayan recibido el tratamiento".

Los dos altos cargos de Sanidad, investigados por los delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación, aunque el magistrado solamente tendrá en cuenta de momento este último, declarará el día 28 de este mes ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela.

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