La Fiscalía plantea una posible rebaja de la pena para Socorro Cea

Socorro Cea, juzgada por prevaricación, responsabilizó a la Xunta de haber certificado una obra que no llegó a realizarse
Socorro Cea, a su llegada a la Audiencia Provincial de A Coruña
photo_camera Socorro Cea, a su llegada a la Audiencia Provincial de A Coruña

La Fiscalía ha dejado abierta la posibilidad de una rebaja de la pena para la exalcaldesa de Melide, Socorro Cea (BNG), juzgada por un supuesto delito de falsedad documental y otro de prevaricación por certificar una obra sin hacer.

En la primera sesión del juicio, celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña, la exregidora alegó que desconocía la existencia de supuestas irregularidades y responsabilizó a la Xunta de haber certificado una obra, la depuradora del polígono de A Madalena, que no llegó a realizarse.

En base a los testimonios recabados durante un juicio para el que se fijaron dos días de duración, el Ministerio Público ha planteado que, de forma alternativa a lo expuesto en su escrito inicial sobre posible dolo o intencionalidad en los hechos presuntamente cometidos por la exregidora, se tuviese en cuenta que no hubo tal intencionalidad. "Lo que rebajaría la pena", han precisado desde el Ministerio Público tras una calificación inicial con una petición de cuatro años de cárcel y 11 de inhabilitación para la exregidora.

OTROS ACUSADOS. En el banquillo de los acusados también se han sentado el arquitecto del Ayuntamiento, R.A.R., con una petición fiscal inicial de cuatro años de prisión y tres de inhabilitación; así como el representante de la empresa adjudicataria de la obra, X.U.E., para quien la Fiscalía pidió, en su escrito, cinco años y medio de cárcel y tres años de inhabilitación.

En su calificación, el Ministerio público afirma que, tras firmar el contrato para la adjudicación definitiva de la obra, "por causas que no constan, las obras de la depuradora no se iniciaron". "Con el más basto desprecio al deber de fidelidad a la fe pública, el acusado R.A.R., en su calidad de director de la obra, emitió una certificación en la que falazmente se afirmaba que, en el periodo comprendido entre el 12/12/2009 y el 28/12/2009, se habían ejecutado obras por valor de 437.354,41 euros".

La certificación fue firmada el 28 de diciembre por los tres acusados. Para la Fiscalía, el documento "no reflejaba la realidad", pero era necesario"para evitar la perdida de la subvención que la Consellería de Innovación e Industria había concedido al Ayuntamiento" para la obra.

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