La Fiscalía pide clausurar un club de alterne de Meis durante tres años

La Fiscalía de Pontevedra ha solicitado la clausura durante tres años de un club de alterne situado en la conocida como recta de A Goulla, en Meis, a cuyo administrador acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores.

El acusado, C.V.S., se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial y la representante del Ministerio Público, además, ha pedido al término de la vista oral una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de ocho meses a razón de ocho euros diarios.

Asimismo, la fiscal ha reclamado la inhabilitación del procesado para el cargo de administrador de industria o comercio durante tres años y, en concepto de responsabilidad civil, demande a la Audiencia que le condene a satisfacer a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad que se determine en sentencia que no pagó por las cuotas de afiliación de sus trabajadores.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, un control en el local realizado en la noche de 19 de febrero de 2014 evidenció que tenía un total de 12 trabajadoras, de las cuales solamente dos estaban dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social, nueve no fueron dadas de alta, y una no contaba con el preceptivo permiso de trabajo en España.

Aunque durante su comparecencia en la sala estas mujeres negaron que desempeñasen actividad alguna en el local, la representante del Ministerio Público insistió en que ellas "cobraban una comisión por acostarse con los clientes" en las habitaciones habilitadas en el establecimiento, lo que supone una "auténtica relación laboral".  Añadió que las mujeres "tenían un horario, obligaciones y condiciones".

Por su parte, el acusado aseguró que "no sabía lo que hacían en el local", que él "no daba órdenes" y –al igual que declaró alguna de las mujeres ante el tribunal– que "ellas eran clientas" que estaban tomando una copa "con sus maridos". Otra de las mujeres insistió en su declaración en que se encontraba allí "voluntariamente".

VISTO PARA SENTENCIA. Frente a estos testimonios, la Fiscalía y la Abogada del Estado insistieron en que el acusado cometió un delito contra los derechos de los trabajadores por no cumplir con la obligación de tener a los trabajadores de la empresa dados de alta en la Seguridad Social.

Estas trabajadoras que realizaban funciones de alterne con los clientes en el citado local "incitándoles a tomar copas". Todas ellas eran mujeres procedentes de Colombia, Paraguay, República Dominicana, Brasil, Rumanía y Venezuela. El juicio ha quedado visto para sentencia.