La Diputación de Ourense estudia fórmulas para efectuar el reintegro de 10,1 millones de euros de fondos europeos que reclama el Ministerio de Hacienda al ente provincial por las supuestas irregularidades en la adjudicación e instalación de un centenar de depuradoras, constatadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF).
A preguntas de los periodistas, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar ha explicado que la Diputación de Ourense, "cumpliendo los plazos", está manteniendo conversaciones con el Gobierno central para que los intereses de la Diputación "estén protegidos y que esa cuestión no desvirtúe o entorpezca el funcionamiento normal de la institución".
Con ello, la diputación espera que "la programación de inversiones y líneas de ayudas que irán incluidas en el proyecto de presupuestos de 2015", no se vea afectada, y que se aprobará, "por primera vez", el próximo mes de octubre.
Dentro de las propuestas planteadas por escrito por parte de la institución orensana a la Agencia Tributaria, Baltar ha explicado que está el "compensar" parte de los 10,1 millones con los 6,5 millones que el Estado debe a la institución por diversos proyectos desde 2001.
Esta deuda, según Baltar, sería "líquida, vencible y exigible" por parte de la Diputación al Ministerio.
Esta opción iría "combinada con posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento" del pago, "todo ello para que no entorpezca o perturbe el normal desarrollo de la institución", ha detallado Baltar, tras participar en el acto de presentación del proyecto "BTT Ribeira Sacra" celebrado en Nogueira de Ramuín (Ourense).
Baltar, favorable a una norma que estipule en qué momento procesal se debe abandonar un cargo público
Por otra parte, Manuel Baltar, ha considerado "bueno" que haya "una norma de obligado cumplimiento" para todos los partidos políticos en la que se determine el momento procesal en que un cargo imputado debe abandonar sus responsabilidades.
El Ejecutivo plantea unificar los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un imputado debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales,
A este respecto, Baltar manifestó que sería positivo "llevarlo a una ley que claramente marque una pauta de comportamiento para todas las formaciones políticas".
"Es bueno que se clarifique" este tipo de situaciones, abundó Baltar, quien cree que las "sociedades están demandando ese tipo de comportamientos" aunque precisó que "tampoco debemos olvidar el principio de presunción de inocencia".
