La defensa de Orozco cree que algunas operaciones realizadas por De Lara pueden ser causa de nulidad

La defensa del alcalde de Lugo, José López Orozco, opina que el Juzgado de Instrucción Número 1 puede tener en su poder "conversaciones y documentos que tienen que ver con el derecho de defensa" del propio regidor "en su comunicación con sus letrados", lo que "puede dar lugar a una nulidad de actuaciones" en la operación Pokemon.

En el segundo recurso que han presentado los abogados del alcalde ante la Audiencia Provincial para solicitar el levantamiento del secreto de sumario, afirman que "es tal el material que posee el Juzgado, y de tal magnitud, y de tal detalle, que con toda probabilidad habrá en ese material conversaciones y documentos que tienen que ver con el derecho de defensa del señor López Orozco en su comunicación con sus letrados". Por ello, advierten que esa circunstancia no sólo puede dar lugar "a una nulidad de actuaciones", sino también "a la exigencia de responsabilidad a la titular" del Juzgado de Instrucción Número 1, Pilar de Lara.

Según los letrados que defienden a López Orozco, "la Corporación al completo está volcada en los documentos físicos e informáticos que le han sido requeridos" y "prácticamente todo el Ayuntamiento está trasplantado en el Juzgado", por lo que se preguntan "qué pasos se van a dar con ese material de tan complejo tratamiento". Asimismo, se cuestionan si "no se aprecia en la conducta del Juzgado una cierta desorientación" o "por qué pregunta con mucho interés a cada imputado que declara" para que "le cuente todo lo que sepa sobre el alcalde de Lugo".

La defensa subraya en el recurso que el auto de intervención judicial de Cechalva, en el que la jueza instructora explicitaba sus sospechas sobre un supuesto cobro de sobornos por parte del propio López Orozco y del entonces edil responsable de este servicio, Francisco Fernández Liñares, ha sido "divulgado a los cuatro vientos".

Desde su punto de vista, "debe levantarse, total o parcialmente, el secreto de las actuaciones", precisamente para evitar "la indefensión" del propio alcalde "ante las graves acusaciones que se vierten contra él en el auto", cuya divulgación, subraya la defensa de López Orozco, "ha partido" del Juzgado de Instrucción número 1. De hecho, los letrados del regidor local subrayan que la "anomalía" de "notificarlo en su totalidad a las partes" entraña "una discriminación hacia el señor López Orozco, que es destinatario directo de las graves acusaciones que le dirige el Juzgado en su auto de 7 de mayo".

Además, subrayan que "sorprende" que el propio juzgado "se inhiba a favor del Partido Judicial de Vigo" en la investigación de estas filtraciones, "cuando está acreditado que absolutamente todos los periódicos de Lugo están dando información continúa y en directo de las resoluciones dictadas en estas diligencias desde que se abrieron".

Recuerdan, además, que el Juzgado de Instrucción Número 3, que dirige Estela San José, abrió por los "mismos delitos" unas diligencias en las que está personado el alcalde de Lugo "como perjudicado".

El equipo jurídico, formado por los letrados Gregorio Arroyo y Rafael Iruzubieta, opina que el "Juzgado está actuando con cierta confusión, y hasta precipitación", además de haber "ignorado los derechos" de su cliente, al acusarlo de "graves delitos que están empañando su honor, su buen nombre y su rectitud como alcalde de Lugo".

Por ello, se pregunta abiertamente si "tiene algo el Juzgado contra el señor López Orozco", quien como imputado "está defendiendo su inocencia a capa y espada, hasta el punto de haber solicitado de nuevo su declaración con respecto a los hechos que el Juzgado gratuitamente le imputa". "Quizá el Juzgado no tenga interés en oír de nuevo al señor López Orozco, aunque tendrá que hacerlo, porque es un derecho inherente al ejercicio de su defensa", añade el recurso.

Por otra parte, califica como "insólita" la denuncia contra el fiscal jefe de Lugo, Javier Rey, por un supuesto delito de revelación de secretos, unas diligencias que ya han sido archivadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

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