Representantes del sindicato CIG denunciaron este jueves ante el Parlamento de Galicia los planes del operador de telecomunicaciones Telefónica de trasladar el empleo cualificado fuera de Galicia.
Varias decenas de representantes de la empresa y sindicalistas, entre ellos el secretario general de la CIG, Suso Seixo, acudieron a la concentración ante la Cámara gallega a gritos de "Empleo aquí y no para Madrid".
A la manifestación acudió también la líder del BNG, Ana Pontón, y la diputada autonómica de esa formación Montse Prado.
Un representante de la CIG en temas de telecomunicaciones, Antonio Lima, indicó a Efe que "se está produciendo una situación de expolio del empleo en Telefónica, de concentración en Madrid y Barcelona que va a vaciar todo el aparato productivo gallego".
Lima señaló que Telefónica llegó a tener unos 4.000 empleados en Galicia y ahora solo tiene unos 1.000, lo que supone "una pérdida de 3.000 empleos", que destacó que es el equivalente a "media fábrica de Citroën" en Vigo.
Según sus datos, la firma Movistar, el área de telecomunicaciones móviles de Telefónica, cuenta ahora con "solo un 1,5% de su plantilla en Galicia", y apuntó que esta Comunidad autónoma representa el 5% del la renta del Estado y el 6,5% de la población española.
Por ello, reclamó que por lo menos, el empleo de esa empresa en esta Comunidad sea el equivalente al del peso de la población gallega y tenga en cuenta a profesionales especializados para sectores como el automovilístico o el naval, que requieren de expertos que atiendan sus necesidades específicas.
El representante sindical indicó que "el papel de Telefónica es fundamental" para el empleo tanto cuantitativo como cualitativo, y subrayó que los planes de la empresa podrían llevar a la "desaparición" de las perspectivas de futuro para profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación, que "tendrán que emigrar a otros lugares".
Según Lima, ingenieros, delineantes, diseñadores de redes y otros expertos telecomunicaciones, especialmente jóvenes con preparación académica, "si quieren trabajar en telecomunicaciones tendrán que marchar", porque "lo que va a quedar aquí es únicamente el empleo externalizado en contratas, poco cualificado sin tareas de dirección ni diseño de equipos de redes" de cumplirse los planes denunciados.
Advirtió de que eso puede servir de ejemplo a otras empresas del sector como el operador de cable gallego R, que ha sido adquirido por la compañía vasca Euskaltel.
El representante de CIG destacó que, como los operadores de telecomunicaciones recibieron "cuantiosas subvenciones para redes de banda anchas y fibra óptica", la Administración pública tiene una "obligación de intervenir" para evitar la fuga de empleo.
Asimismo, Lima subrayó que el Parlamento de Galicia "tiene capacidad legislativa para establece un marco que favorezca la implantación de empresas con estructura propia y evite la deslocalización de empleo cualificado".
El representante de la CIG indicó que la movilización forma parte de una campaña para evitar ese tipo de estrategias empresariales que podrían perjudicar a Galicia.
