La bronca por Povisa entre populares y Grupo Mixto convierte el Parlamento en un 'reality' televisivo

La Comisión de Sanidad, Política Social y Empleo del Parlamento de Galicia ha vivido en la tarde del miércoles un bronco intercambio de reproches entre la diputada del Grupo Mixto, Consuelo Martínez, y el del Popular, Miguel Santalices, a cuenta del concierto del Sergas con Povisa.

Martínez ha realizado una descripción del "holding" empresarial del Grupo A Nosa Terra, propietario de Povisa, que ha gozado de "años de connivencia" por parte del PP, durante una intervención que Santalices ha "despreciado" por considerarla más propia de "Sálvame Deluxe" que de un debate parlamentario. Ha censurado que la diputada del Grupo Mixto se haya dedicado a realizar un "striptease" del "posible patrimonio" del empresario José Silveira y a dar detalles de su vida privada, y le ha advertido de que podría acabar en los tribunales por dichas afirmaciones, algo en lo que, ha dicho, "ya tiene experiencia".

En contrapartida, Martínez le ha pedido que tenga "un poco de dignidad" y que "empiece a comportarse como un político", y que "su amistad -con Silveira- no le ciegue". Fue entonces cuando la presidenta de la comisión, la popular Carmen Martínez Arias, ha terciado en la discusión para pedirle a Consuelo Martínez "que se comporte como el resto" de diputados, y ha considerado que hay cuestiones de su intervención que "se podrían retirar".

Más allá de este enfrentamiento dialéctico, el grupo Popular ha votado en contra de sendas proposiciones no de Ley del Grupo Mixto y de AGE que solicitaban a la Xunta que exija a Povisa el cumplimiento de lo estipulado en el concierto con el Sergas. Ante uno de los argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición, el incumplimiento de sentencias por parte de Povisa, Miguel Santalices ha revelado que recientemente el Tribunal Superior de Galicia resolvió que está dando respuesta a un fallo del Juzgado de lo Social 3 de Vigo sobre una reorganización del trabajo.

También ha remitido a las auditorías que ha pasado Povisa ante los reproches de la oposición por la actitud de la Xunta y del PP frente a los incumplimientos de la empresa sobre calidad asistencial y tiempos de espera, y sobre la precarización del empleo cuando la estabilidad laboral era uno de los argumentos esgrimidos para la renovación del concierto.

El PP también ha hecho valer su mayoría para echar abajo el resto de proposiciones no de ley incluidas en el orden del día de la comisión. Entre ellas, una iniciativa del BNG para que la convocatoria de oferta pública de empleo del Sergas de este año cubra el 100% de las plazas vacantes desde 2010 y en todas las categorías profesionales, y que se resuelvan los procesos selectivos pendientes de 2012, 2013 y 2014.

En la misma comisión, el PP ha avanzado que esta misma tarde las jugadoras del club de fútbol sala femenino Leis de Pontevedra que han denunciado acoso sexual y trato vejatorio por parte del presidente recibirán la carta de libertad. Una situación que el PSOE califica como "trampa administrativa" para que las jugadoras salgan del club. Según señala la diputada socialista Carmen Acuña en un comunicado, "no les conceden la libertad, las venden por 120 euros", los que tienen que abonar por la licencia para jugar los tres últimos partidos de la temporada, "con lo que ahora están vejadas y además multadas".

Tampoco ha salido adelante, por el voto en contra del PP, una iniciativa que pedía que la Xunta exija al Gobierno que refuerce la financiación para garantizar el desarrollo y aplicación del plan de ayuda alimentaria.

La diputada socialista Carmen Gallego ha alertado de que este plan tiene tres repartos al año (el inicial en febrero) y aún hoy por hoy no se ha producido el primero de 2015, a la vez que se desconocen los criterios de distribución entre las comunidades autónomas y los alimentos incluidos en la cesta. Gallego ha hecho hincapié en que en 2014 se eliminaron de la misma alimentos como el aceite, los garbanzos, el queso o los cereales infantiles, y ha denunciado un recorte de la asignación de la UE y España a este programa.

La diputada popular, Carmen Rodríguez Arias, ha replicado que los fondos de este programa se incrementarán progresivamente a lo largo de los seis años de su aplicación (2014-2020), y que el monto global destinado a España en este periodo será de 660 millones de euros.

En cuanto a la selección de alimentos, ha dicho que se tienen en cuenta criterios de nutrición, calidad y variedad, mientras que para el reparto entre las comunidades autónomas se atiende a las necesidades de cada una en función de sus índices de pobreza. Al respecto, Carmen Gallego ha denunciado que la Xunta aportó datos "falsos" en 2013 y se ha preguntado cuáles trasladará este año al Gobierno.