La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha rechazado el recurso interpuesto por los abogados que se ocupan de la defensa de Ángel Espadas, exconcejal y exasesor del exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa, para lograr su excarcelación, porque entiende que existe riesgo de fuga o que la puesta en libertad del imputado podría entorpecer las diligencias.
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un comunicado, la Audiencia Provincial de Lugo desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Espadas contra el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza que dictó contra él, en base a la petición formulada por el fiscal, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara.
La Audiencia estima que "las elevadas penas que llevan aparejadas los delitos que se le imputan", como utilización de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, "evidencian un riesgo de fuga" que pretende evitar precisamente la "medida de prisión adoptada".
Por otra parte, la sección segunda de la Audiencia recuerda que "las actuaciones se encuentran declaradas secretas" y están en marcha "diversas investigaciones que podrían verse frustradas" si Ángel Espadas "estuviese en libertad". En ese sentido, "esencialmente por el papel relevante que ostenta el recurrente en la trama que se investiga", adoptó la resolución de, "al menos por el momento", mantener "la situación de prisión".
Ángel Espadas fue uno de los nueve detenidos en la llamada Operación Manga, la segunda fase del caso Pokemon, que fue enviado a prisión por la jueza instructora, después de prestar declaración durante más de cuatro horas y de que su domicilio fuese registrado por agentes de vigilancia aduanera.
La jueza, que investiga la existencia de una supuesta trama de corrupción en diversas administraciones gallegas y catalanas para hacerse con contratos públicos a base de sobornos, también envió a prisión al gerente de la empresa Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos, que se negó a prestar declaración.
En esta segunda fase de la Operación Pokemon, también fue enviado a prisión el administrador de la empresa GRS ARS Local.
