La acusación ratifica que la alcaldesa de Melón participaba en el delito de falsedad documental

La acusación ha ratificado esta mañana la petición de cuatro años y medio de prisión para la alcaldesa de Melón, María Cristina Francisco, por presunta falsedad documental al considerar que "participaba activamente en la comisión de este delito" y que su colaboración "era necesaria para llevarla a cabo".

Así lo aseguró durante la segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Ourense en el que acusa a la alcaldesa, a una funcionaria municipal y a un hombre condenado a realizar trabajos sociales para el Ayuntamiento, de falsificar el documento que justifica el cumplimiento de estas tareas.

El juicio continuó este martes, debido a que faltaron varios testigos por declarar en la pasada sesión.

Desde la acusación se ha considerado probada la "colaboración necesaria" de la alcaldesa, a la hora de firmar los partes en los que se confirmaba la supuesta presencia del penado a trabajos sociales, D.P., en las jornadas de trabajo comunitario a las que había sido condenado, a pesar de no haber realizado labor alguna.

Por su parte, la fiscalía ha insistido en que desde el Ayuntamiento de Melón "no se controlaba nada" y ha aclarado que las jornadas de trabajo se celebraban los sábados, días en los que no había personal para comprobar si el acusado estaba realizando el trabajo comunitario.

Según el ministerio fiscal, los investigadores privados contratados por el denunciante constataron que, al menos siete de las once jornadas de condena, no realizó labor alguna y que si la realizaba, ésta se reducía a pasear por el pueblo o hablar con los vecinos.

"La responsabilidad del control sobre el condenado a trabajos sociales es de vigilancia penitenciaria, no se puede trasladar al Ayuntamiento", ha resaltado la defensa, quien reclama su libre absolución.

Tras asegurar que "no es función de la alcaldesa" el control de la labor que realizan los presos que realizan sus servicios sociales en el Ayuntamiento, ha condenado lo que calificó como intereses políticos detrás de la denuncia.

Así, ha recordado que la acusación particular (a cargo del concejal independiente Emilio Díaz) "lejos de denunciar ante la autoridad competente la ausencia de D.P., que sería quebrantamiento de condena" retrasó la denuncia con la intención de presentar una acusación de falsedad contra su cliente.

Por su parte, el abogado de la persona que supuestamente no realizó sus servicios sociales para la comunidad pidió la libre absolución de su representado, al considerar que la pena prescribía al año de la denuncia y ya han pasado tres.

También ha insistido en la "nulidad de la prueba de las investigaciones privadas" por considerar que la acusación particular obtuvo "de forma ilícita" los datos sobre su cliente y las labores que tenía que realizar para el Ayuntamiento de Melón, y ha destacado que "los detectives privados tienen prohibido por Ley investigar sobre un delito público". "Sin esta prueba ilícita, no queda nada", ha asegurado.

La representante de la funcionaria M.L. ha insistido en la vía de que no es responsabilidad del Ayuntamiento el control de los penados que llegan a realizar un servicio comunitario para cumplir su condena.

Así, ha recordado que la labor de su representada era, exclusivamente, la de ofrecer el estadillo en el que D.P. debía firmar después de cada jornada laboral y ha pedido la libre absolución de su defendida.