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La Justicia británica ordena a la aseguradora del Prestige pagar 855 millones a España

Fotografía de archivo del Prestige.
Fotografía de archivo del Prestige. ARCHIVO
Las cortes del Reino Unido se remiten al fallo del Supremo para que se ejecute en las islas. La correduría podrá recurrir pero sin apenas opciones

Los tribunales británicos acaban de hacer suya la sentencia del Supremo que condena a la aseguradora del Prestige, London P&I Club, a abonar 855 millones al Estado español en concepto de indemnizaciones por el desastre medioambiental —considerado el mayor de la historia de España— que supuso el hundimiento del petrolero frente a la Costa da Morte el 13 de noviembre de 2002.

De esta forma, la correduría inglesa se va abocada, casi con total seguridad, a hacer efectivo el pago de este montante, que supone casi la tercera parte de los 2.335 millones en los que tasa el Estado español la factura ecológica de un naufragio que asoló también las costas portuguesas y francesas en forma de hilos de fuel, aves y peces muertos y piedras teñidas de negro.

Pero, ¿qué reclamaba London P&I Club a las cortes de Gran Bretaña? Que anulasen la sentencia del Supremo aludiendo a la "indefensión" y la "vulneración de los derechos humanos" que, a su modo de ver, sufrió el capitán del buque, Apostolos Mangouras, durante la instrucción del caso en España —fue detenido y pasó tres meses en Teixeiro— y en el posterior juicio celebrado en 2012 en Expocoruña, tras el que fue condenado a dos años de cárcel por un delito imprudente contra el medio ambiente en su modalidad agravada de deterioro catastrófico.

Según explicó este miércoles a AGN el abogado Antonio Salceda, de Salceda & Abogados, "la corte británica dice que no puede entrar a examinar el fondo del asunto ni va a llegar a una conclusión diferente a la de la Justicia española". "Sin ningún género de dudas, no van a valorar algo que ya se hizo en España y avalan que no se ha vulnerado ningún tipo de derecho", comenta el letrado.

Así las cosas, la decisión de los tribunales británicos se traduce en que «ahora la sentencia del Supremo tiene un reconocimiento expreso en el Reino Unido para que se pueda ejecutar en suelo británico», lo que deja al grupo mutualista británico sin prácticamente opciones de eludir la millonaria indemnización, aunque todavía podría llamar a la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo con un recurso que denuncie, como hizo el que acaba de ser desestimado en Gran Bretaña, la indefensión del capitán Mangouras a manos de la Justicia española.

Salceda abogados

RECURSO 'A LA DESESPERADA'. A ojos del jurista vigués Antonio Salceda, "el único argumento de la aseguradora para recurrir es que están vulnerando los derechos del acusado". Y cree que, en la judicatura, "cuando los abogados entran en algo etéreo es porque ya no tiene nada que hacer". "Que tengan en cuenta un recurso por derechos humanos es algo que igual no se da en toda la vida profesional de un abogado", explica desde la perspectiva de quien lleva décadas de ejercicio del oficio.

Antonio Salceda: "Cuando un abogado alude a la vulneración de derechos del acusado es porque cree que la batalla judicial ya está perdida"

Pero aun con pocas papeletas judiciales de prosperar, London P&I Club dará la batalla porque, paralelamente, presentó otras dos querellas que buscan llevar el asunto al arbitraje internacional, amparándose en que eso era lo que se contemplaba en el contrato firmado con el Prestige, según explica Economía Digital.

Todo ello sin olvidar que la aseguradora reclamó 1.440 millones a España ante la "persecución mediática" que dice haber sufrido, la cual "mancha" un nombre centenario como el de London P&I Club.
 

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