La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra acogerá los próximos 15 y 16 de mayo el juicio contra el funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier G.O. y contra el gerente de Imesapi, Ramón C.A., en relación con el supuesto "enchufe" en esta concesionaria de la cuñada de Carmela Silva.
Francisco Javier G.O. afronta una pena de ocho años de cárcel, que solicita la Fiscalía por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, y Ramón C.A., 7 años, por malversación y falsedad, como cooperador necesario, en el supuesto "enchufe" de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Además de las penas de cárcel, que la acusación popular eleva a 28 años para Francisco Javier G.O. y a 13 para Ramón C.A., la Fiscalía pide inhabilitar al primero para empleo o cargo público durante 30 años.
La defensa de ambos piden su absolución. En esta causa fueron investigados la cuñada de Carmela Silva, Vanesa F.B., el concejal de Participación Ciudadana de Vigo, Santos Héctor, y José Antonio M.B., apoderado de Imesapi, aunque a lo largo de la instrucción la juez sobreseyó las actuaciones respecto de ellos.
Según se recoge en el escrito de Fiscalía, Francisco Javier G.O., en su condición de jefe del servicio de Participación Ciudadana, "con la intención fraudulenta" de que el Ayuntamiento de Vigo diera una ocupación laboral a la cuñada de Carmela Silva, "ideó un plan" al efecto. Éste consistió, "con flagrante vulneración de la legalidad", en requerir al otro procesado, Ramón C.A., administrador de Imesapi, la contratación de Vanesa F.B. en esta concesionaria.
Para ello, el empresario "aparentó" la contratación de la cuñada de Silva, a pesar de que la empresa no necesitaba más personal y sin que Imesapi fuera su empleador, ya que aquella recibía órdenes del funcionario municipal. Además, para el abono de sus nóminas, "elaboradas de forma mendaz en cuanto a cantidades y conceptos", ambos planearon, según la fiscal, un plan por el que Imesapi le facturaba al Ayuntamiento de Vigo diversas cantidades a través del "uso fraudulento" de sucesivos contratos menores adjudicados directamente a esta empresa.
Estos contratos menores estaban relacionados con la elaboración de unas encuestas de calidad de los servicios municipales, por las que el Ayuntamiento de Vigo pagó 108.147,22 euros, que Imesapi no elaboró y cuya autoría se desconoce.
El Juzgado de Instrucción 7 de Vigo desimputó a Santos Héctor, concejal y a la sazón secretario provincial del PSdeG-PSOE en Pontevedra, al no quedar acreditado que tuviera "conocimiento efectivo" sobre la "finalidad pretendida" con los contratos menores de encuestas de calidad encargados por su departamento a Imesapi. Vanesa F.B. fue desimputada previamente por prescripción del delito que se le atribuía, además de los interventores municipales Luis G.A. y Juan Ramón G.O. y del apoderado de Imesapi, José Antonio M.B..
