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La juez Tardón sitúa a Boye en el "entramado criminal" de la red de Miñanco

Gonzalo Boye. DP
Gonzalo Boye. DP
También ha señalado a García Arango y Pérez Lago, que habrían actuado siguiendo las instrucciones de Prado Bugallo

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón seguirá investigando al abogado Gonzalo Boye por supuesto blanqueo de capitales para la organización liderada por Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, al entender que todo ello forma "un entramado criminal único".

La magistrada rechaza así la pretensión de Boyé, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont y de su sucesor Quim Torra, de que la causa contra él se enviara a los juzgados de instrucción de Madrid para ser investigada de forma separada.

Tardón por contra entiende que existe conexidad de la causa en la que se le investiga por blanqueo con la principal en la que se investigan operaciones narcotráfico dirigidas por Miñanco, por lo que entiende que no pueden juzgarse por separado.

Una vez analizados los hechos y la doctrina del Supremo sobre la conexidad de delitos, la juez concluye que se trata de "un entramado criminal único", liderado por Prado Bugallo, orientado de forma estable y continua a introducir sustancias estupefacientes en España, en operaciones de especial envergadura y a ocultar los beneficios procedentes del narcotráfico a través de distintas vías.

Tardón relata cómo, además de las dos operaciones concretas de introducción de droga identificadas -dos alijos de 3,3 toneladas y 615 kilos de cocaína-, Prado Bugallo dirigió distintas operativas para transportar el dinero en efectivo que se obtenía de la venta de la droga, encaminadas a la ocultación de su origen ilícito.

Entre estas formas de ocultación, Sito Miñanco ordenaba numerosos transportes de dinero que en ocasiones alimentaba el patrimonio de sus empresas y en otras transportaba a Colombia con idéntico propósito.

En estas operaciones participaron destacados miembros de la organización como el presunto lugarteniente de Miñanco, Enrique García Arango, Jose Antonio Fernandez Fernández o David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña.

Entre estas acciones, la juez indica que se evidencia con claridad que "aquellas que estaban encaminadas a la recuperación del dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas, en las que participaron, indiciariamente, Boye Tuset, Morán Castro y Guerra Medina, entre otros, fueron el resultado de las instrucciones impartidas por Prado Bugallo como se desprende de la participación en ellas de García Arango, y en consecuencia, se contextualizan entre las acciones que persiguen ocultar el patrimonio ilícito de aquél".

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El auto explica que es en este marco donde se contextualiza la aprehensión, el 6 de febrero de 2017, de 889.620 euros de dinero efectivo en el aeropuerto de Barajas, interceptado a algunos de los investigados, y "las distintas maniobras ejecutadas posteriormente por otros investigados, entre ellos Gonzalo Boye Tuset, Alejandro Guerra Medina o Jesús Morán Castro para recuperar el dinero intervenido a través de documentos confeccionados ad hoc.

Simulaban con ellos, indica la juez, unos contratos de compraventa que acreditaran el origen del dinero intervenido y que presentaron en el expediente administrativo incoado por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales".

Según Tardón, en estas maniobras también intervinieron García Arango y Pérez Lago, siguiendo las instrucciones de Prado Bugallo, "verdadero propietario del dinero ocupado".

Por todo ello, la magistrada concluye que hay una identidad objetiva y subjetiva entre la pieza separada por delito de blanqueo y la del delito precedente, delito contra la salud pública que se investiga en la causa principal, y que por tanto no pueden instruirse por separado, habiendo indicios, según indica, de la comisión de ambos delitos, los dos cometidos en el seno de una organización criminal.

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