El juzgado de instrucción número dos de Santiago de Compostela ha impuesto una fianza de 8,5 millones de euros a la empresa Ferroatlántica, controlada por el Grupo Villar Mir, por la desecación del río Xallas, entre finales del 2004 y marzo de 2011, en su desembocadura en la cascada de O Ezaro, en Dumbría, A Coruña, la única de Europa que cae directa al mar.
Así figura en el auto la que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de abril de este año, en el que también se decreta la apertura de juicio oral contra Francisco Pan-Mantojo González, que fue alto cargo popular en la Xunta de Manuel Fraga, en donde ocupó el puesto de director xeral de Calidade e Evaluación Ambiental.
En el escrito de acusación del fiscal, al que también ha accedido Europa Press, se señala a Pan-Mantojo González como quien dictó el 22 de marzo de 2001 la autorización a la empresa Ferroatlántica para abrir la presa de Santa Uxía, situada antes de la cascada, solo en determinadas horas los sábados y domingos en verano con intención turística, sin respetar el caudal ecológico del río Xallas -cuya explotación se produjo entre 2004 y 2011.
Se señala a Pan-Mantojo González, del gobierno de Fraga, como quien dictó el 22 de marzo de 2001 la autorización a la empresa Ferroatlántica para abrir la presa de Santa Uxía, situada antes de la cascada
Todo ello, "con pleno conocimiento de la ilegalidad de su contenido y sin respetar las más básicas reglas de tramitación", en una decisión que provocó que la cuenca fluvial estuviese siempre bajo mínimos y que dio lugar a críticas de diversos grupos ecologistas. Para Francisco Pan-Mantojo González, el fiscal pide una pena de un año y seis meses de prisión.
En concreto, se acusa al exalto cargo de la Xunta de dar pie a una explotación del río Xallas "sin que se hayan utilizado criterios ecológicos ni biológicos para su establecimiento, sino exclusivamente de tipo económico o turístico". Además, se recuerda que la ley de pesca fluvial de la Xunta de 1992 establece que el aprovechamiento hidráulico "deberá en todo tiempo respetar el caudal ecológico necesario para facilitar el normal desarrollo de las poblaciones piscícolas".
Y es que con la resolución de 2001 se modificó una del año 2000 en la que sí se obligaba a respetar el caudal ecológico continuo, aguas abajo de la presa de Santa Uxía, pero el cambio produjo que el salto de agua que caía al mar se aprovechase para energía para la central hidroeléctrica. En concreto, señala que para la modificación concesional y la autorización para modificar el caudal ecológico "no se realizó trámite alguno", solo a petición de la beneficiaria, en un hecho que ve constitutivo de delito contra el medio ambiente.
"DRASTICA AFECCIÓN" AL XALLAS. A este respecto, el fiscal señala que "el cumplimiento de dicho régimen concesional ha producido afecciones significativas en el río y sus ecosistemas asociados". De hecho, sostiene que "se ha reducido drásticamente la superficie de la lámina de agua de 1,2 kilómetros, pues el caudal continuo es mínimo y proviene de aportes de otros regatos, con lo que en un tramo de aproximadamente 270 metros, el cauce del río Xallas permanece totalmente seco". "el cumplimiento de dicho régimen concesional ha producido afecciones significativas en el río y sus ecosistemas asociados"
"El cumplimiento de dicho régimen concesional ha producido afecciones significativas en el río y sus ecosistemas asociados", reconoce un informe
Además, la acusación asegura que "esto supone una drástica y severa afección sobre el Xallas pues ha reducido drásticamente la diversidad de especies, principalmente invertebrados y macrófitas", mientras que las especies más tolerantes que permanecen "han visto agravada su supervivencia por el establecimiento de avenidas en épocas estivales que nada tienen que ver con el régimen natural del río".
En este sentido, apunta que la empresa Ferroatlántica pudo, gracias a esta supuesta prevaricación, "turbinar 69,7 hectómetros cúbicos al año más de los debidos si hubiera respetado el caudal ecológico", "aprovechándose de los efectos de la ilegalidad de la concesión", lo que cifra en unos beneficios de 6,38 millones de euros, dinero que cree debe resarcirse a la Xunta.
