La hostelería de Galicia recibió dividida hace unas semanas la exigencia del certificado covid para que los clientes pudiesen acceder al interior de establecimientos en municipios con incidencia alta de coronavirus, y este jueves tampoco ha reaccionado de forma homogénea a la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara que la medida no está en vigor porque no ha sido autorizada judicialmente. Mientras que una parte del sector se muestra "preocupado", otra evidencia su "satisfacción".
En esa línea, César Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, reconoce "cierta satisfacción" ante la resolución judicial, puesto que "pedir el certificado era engorroso y complicado de cumplir", pero se muestra preocupado por el futuro.
"Nunca nos ha gustado la medida, pero nuestra prioridad es seguir abiertos y ahora veremos qué pasa", señala Ballesteros, quien insiste en que sus inquietudes se concentran en los municipios con la incidencia más alta. "Estamos a la espera de que Sanidade nos diga cómo proceder", asegura.
Por su parte, Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, se muestra tajante. "Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren", ha apuntado Real.
El responsable del colectivo lucense subraya que "la única alternativa" ofrecida por el Ejecutivo autonómico para seguir abiertos era el certificado y reconoce sentir "pena y miedo" por un posible cierre causado por "litigios que buscan un protagonismo excesivo".
"Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren", asegura Cheché Real
"No lo entiendo. El certificado daba confianza a los clientes, permitía seguir trabajando con seguridad y con las máximas garantías sanitarias. Aunque tuviesen razón —las agrupaciones que han presentado recursos contra el certificado—, estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales; hay miles de muertos", subraya Real, quien remarca además que el argumento de que "no son policías" no es "válido". "Cuando vas a un hotel, también te mandan identificarte, y los hosteleros, si dudan de si alguien es menor, también lo hacen, por ejemplo", ha apuntado.
"Ahora hay dos opciones: que nos cierren o seguir abiertos con el riesgo de los clientes no quieran venir por la falta de garantías sanitarias que se les ofrecían antes. Nadie quiere arriesgarse a contagiar a su familia por tomar un chocolate con churros", señala.
Los autos del TSXG llegan tras denegar el tribunal el pasado 6 de agosto la medida cautelarísima solicitada por la asociación de empresarios Lugo Monumental para que se suspendiese la exigencia de aportar el certificado covid-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno, así como las restricciones relativas a la ocupación en las terrazas en los municipios con peor situación epidemiológica.
Hosteleros de Santiago lamenta que el certificado ha tenido una "enorme repercusión" en la actividad y dice que ha causado "pérdidas inmensas"
Al recurso de Lugo Monumental se sumó a los pocos días el de Hosteleros de Santiago, asociación que presentó uno propio para "complementar" el de la plataforma lucense. "El certificado no es eficaz en la contención de los contagios y además es una medida criminalizadora contra el sector", aseguraban en el momento de presentar el escrito.
Este jueves, a través de un comunicado, Hosteleros de Santiago han mostrado su "satisfacción" por la decisión del alto tribunal. Entienden que "la supuesta madurez de la Administración autonómica ha quedado en evidencia al decretar una orden que no contaba con la preceptiva autorización/ratificación judicial de las medidas".
El colectivo destaca que el certificado covid ha tenido "una enorme repercusión" en el desarrollo ordinario de la actividad, "causando pérdidas inmensas por la necesidad de dedicar recursos económicos y personales y por el descenso de la clientela". Es por este motivo que reclama un plan de indemnizaciones "real" para paliar "el esfuerzo suplementario" que supuso la implementación de "una orden tan relevante y que, increíblemente, iba en contra de la ley". Insta también a la Xunta a entablar un diálogo "con el conjunto de la hostelería".
