El Gobierno central ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación de los trabajos para localizar el pecio del pesquero gallego Villa de Pitanxo y grabar cómo se encuentra en la actualidad, con el objetivo de que estas imágenes ayuden a conocer las causas de lo sucedido.
Este anuncio se produce casi un año después de la catástrofe, ocurrida en la madrugada del 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá), donde perdieron la vida 21 de los 24 marineros que trabajaban en el buque.
En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estima que el valor del contrato rondará los 3 millones de euros para buscar, localizar e inspeccionar el pecio del barco.
La propia contratación recoge que la intención es apoyar "la investigación del accidente que está llevando a cabo la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim)".
Todo ello después de que las familias de los fallecidos insistiesen durante meses en la importancia de bajar al pecio para encontrar pruebas de las causas del accidente. Pese a que en un primer momento el Ejecutivo dijo que cabía esperar hasta que los investigadores lo solicitasen, finalmente así fue.
Ahora, las familias han aplaudido esta decisión, aunque consideran que ya se pudo haber llevado a cabo el verano pasado, debido a que el mal tiempo en la zona obligará a que la operación se produzca en la temporada estival.
"Llevamos mucho tiempo esperando por esto. Es un paso para que se consiga finalmente la adjudicación a una empresa que pueda bajar en 2023. No pudo ser en 2022, pero este año se podrá bajar o obtener todas las pruebas que pueda haber tras un año", ha indicado la portavoz de los familiares, María José de Pazo.
Asimismo, ha agradecido a todas las personas que se han involucrado en este proceso y ha esperado que esta operación se realice "en tiempo y forma".
Causa judicial
Tras el naufragio del pesquero gallego en febrero del año pasado, se inició una causa judicial para averiguar qué ocurrió aquella madrugada, cuando perdieron la vida 21 personas.
Esto ocurrió después de que uno de los supervivientes, Samuel Kwesi, ofreciese una versión que contradice la expuesta por el capitán del barco y su sobrino (los otros dos supervivientes), Juan Padín y Eduardo Rial, respectivamente.
La Audiencia Nacional decidió investigar el caso y, tras escuchar a los tres, el juez Ismael Moreno prohibió salir de España a Padín, que está siendo investigado al apreciarse indicios de 21 homicidios por imprudencia.
