El Gobierno central baraja al menos tres opciones para reubicar a Ence en Galicia

El polígono de Barro-Meis, la Plisan en Salvaterra-As Neves, y el polígono de As Pontes entrarían en una negociación en la que el Ministerio de Transición Ecológica estaría dispuesto a utilizar fondos europeos para la reconstrucción ► Tanto la Xunta como el Ejecutivo central aceptan abordar el cierre del ciclo productivo con una fábrica papelera
La planta de Ence. RAFA FARIÑA
photo_camera La planta de Ence. RAFA FARIÑA

Al menos tres ubicaciones posibles, el uso de fondos europeos para la reconstrucción y el apoyo firme de las administraciones central y autonómica. Son las grandes bazas con las que el Ministerio de Transición Ecológica pretende afrontar la mesa de negociación que abrirá en las próximas semanas con Ence, la Xunta y los trabajadores. Un encuentro para el que el presidente de la pastera, Ignacio de Colmenares, ya ha manifestado su, en principio, buena disposición.

El polígono de Barro-Meis, el puerto seco de Salvaterra-As Neves (Plisan) o el recinto industrial de As Pontes estarían en disposición de acoger una nueva implantación (no un traslado) de Ence. El tan mencionado traslado es sencillamente imposible. El aprovechamiento de la factoría actual en Lourizán sería prácticamente nulo y una nueva planta de producción requeriría empezar de cero. La empresa calcula que será necesaria una inversión cercana a los 700 millones. A los que habría que sumar los cerca de 200 en los que se ha llegado a cifrar la reposición de los terrenos en la ría pontevedresa, algo a lo que Ence está obligado por ley cuando abandone su actual emplazamiento.

La operación era implanteable hasta ahora para la empresa, que siempre habló de marcharse a Brasil o Portugal, además de crecer en su planta asturiana de Navia, en caso de que tuviera que marcharse de Pontevedra. Pero el coste del desmantelamiento y la reposición de los terrenos podría hacer cambiar de opinión a Ence y escuchar las propuestas de esta mesa de negociación. Con ese espíritu afrontan fuentes del ministerio las conversaciones.

El Gobierno central podría utilizar fondos europeos para regenerar el espacio del complejo fabril de Lourizán, y además podría facilitar suelo a buen precio para una reubicación de la factoría pastera. Pero sobre todo, Ence podría plantear una multiplicación de su negocio cerrando el ciclo productivo con una papelera, algo a lo que inicialmente no se opondrían ni el Ministerio, ni la Xunta, ni tampoco los partidos políticos. Es más, el BNG lo llegó a sugerir esta misma semana por boca de su diputado Luís Bará, y el PP ha hablado en más de una ocasión de esta posibilidad, que ahora contemplaría también el PSOE.

Hasta ahora Ence contaba con una prórroga de 60 años que le mantendría en la ría local hasta 2073. Pero Transición Ecológica está dispuesta a forzar el cierre de la pastera en 2033, apelando a la última interpretación de la Abogacía del Estado, que antepone los límites marcados en la Ley de Patrimonio para las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (un tope de 75 años). La ministra Teresa Ribera está convencida de que así será, ocurra lo que ocurra con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los tres recursos presentados contra la citada prórroga de 60 años.

En este escenario, Ence podría optar por un pleito muy largo en el tiempo y una amenaza constante para su mantenimiento en Pontevedra, o plegarse a contemplar una opción de traslado que avalarían tanto la administración central como la autonómica.

El aprovechamiento de los fondos europeos, por otra parte, es una oportunidad única que se presenta ahora por la actual situación de crisis económica, pero que no tendría porqué repetirse en un escenario a medio y largo plazo.

En esta tesitura, la dirección de Ence afronta a finales de este mes su junta anual de accionistas, en la que rendirá cuentas del pasado ejercicio pero en la que, sobre todo, tendrá que afrontar una postura ante sus accionistas en relación al problema mayúsculo abierto en su planta pontevedresa.

Hasta el momento, la posición oficial de la firma ha sido siempre subrayar la "imposibilidad" de un traslado en Galicia y una constante amenaza con abandonar la comunidad e incluso España para continuar su producción de pasta de papel y cerrar el ciclo productivo.

Pero la negociación que se abrirá en los próximos días podría aportar nuevos escenarios de negocio para Ence, que tiene en el sector forestal gallego una de sus principales bazas. De la factoría de Pontevedra dependen cerca de 400 trabajadores directos pero también mas de 4.500 indirectos relacionados con toda su logística exportadora y maderera.

La solución final podría ser "cuestión de poco tiempo", según afirman fuentes del ministerio, si bien la ejecución de lo que se acuerde sería lenta. De ahí la certeza de que la planta de Lourizán contará con el plácet del Gobierno como muy tarde hasta 2033.

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