La Gobierno gallego ha autorizado este jueves el entierro de animales de compañía en fincas privadas y la explotación de este servicio por terceros, lo que en la práctica la puesta en marcha de cementerios de mascotas.
Esta novedad se incluye en un decreto aprobado por el Consello da Xunta en el que se regula la gestión de los subproductos animales no destinados al consumo humano. En esencia, y siempre que se cumplan una serie de requisitos, se elimina la obligación de trasladar a las mascotas muertas a un centro de destrucción autorizado.
Así, según la Xunta, se busca dar un "tratamiento acorde con los lazos afectivos que muchos dueños" establecen con sus mascotas, regulando su entierro bien directamente por las personas propietarias o bien por terceros.
En relación con las explotaciones equinas y apícolas, y siempre hablando de animales no destinados al consumo humano, se autorizan unas prácticas "más racionales" en cuanto a los entierros.
Se considera que el entierro controlado de los cadáveres de caballos y abejas puede contribuir a incrementar la eficiencia de las explotaciones, al exonerar a sus titulares de tener que transportarlos a los correspondientes establecimientos de eliminación.
La normativa gallega desarrolla así la europea, que, debido a diversas alertas alimentarias, principalmente la llamada crisis de las vacas locas, llevó a la UE a dotarse de una legislación en materia de seguridad alimentaria baseada principalmente en evitar el desvío de estos subproductos a la cadena alimentaria humana o animal.
EXPLOTACIONES PORCINAS. Otra de las medidas establecidas en este decreto es la definición "con claridad" de casco urbano para determinar la distancia de instalación de granjas porcinas. La distancia es de mil metros pero no estaba especificada con claridad la definición de casco urbano.
De este modo, se entenderán por tal aquellos núcleos habitados por al menos 100 personas y que cuenten con todos los servicios urbanos "en sentido estricto", tales como agua, saneamiento, plazas públicas y otros.
Así, la Xunta pretende resolver un "vacío legal que impedía ampliación de granjas porcinas", ha señalado el presidente gallego.
