Las cuatro provincias gallegas entrarán en la fase 3 a partir del próximo lunes, día 8 de junio, fecha a partir de la que la Xunta de Galicia gestionará las medidas de la desescalada.
De ello ha informado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ministros en la que se ha dado luz verde a la última prórroga del estado de alarma.
En esta fase, que supone un nuevo alivio en las restricciones para la ciudadanía, el Gobierno permite que sean los presidentes de los gobiernos autonómicos los que dirijan la movilidad en el interior de cada comunidad.
Illa también ha incidido este viernes en que los presidentes de las comunidades autónomas que estén en la fase 3 pueden dar por terminado el estado de alarma antes del próximo día 21 de junio y así comenzar la nueva normalidad, si así lo deciden en virtud de los datos epidemiológicos.
GALICIA. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la "gran confusión" que hay sobre las competencias que tendrá cada comunidad autónoma y el Gobierno en la fase 3 y ha avanzado su intención de permitir la movilidad en toda Galicia a partir del próximo lunes si depende únicamente de él.
Núñez Feijóo ha explicado que la comunidad recuperará "normalidades que estaban limitadas".
"Espero que los presidentes autonómicos seamos la única autoridad para tomar la decisión sobre la libertad de movimientos dentro de cada comunidad", ha dicho Núñez Feijóo, que ha indicado que las informaciones del Gobierno son "contradictorias", porque ha dicho que "una cosa es que puedan proponer", y que el Ejecutivo les autorice, que es lo que se desprende de lo expresado por el ministro, y otra "decidir", que es lo que asegura que les prometió Pedro Sánchez.
A la "confusión" sobre el número de muertos o el número de contagios, el titular de la Xunta ha añadido las incertidumbres de los presidentes autonómicos sobre sus competencias en esta tercera fase, en la que entrará Galicia el lunes, o en la "nueva normalidad", de la que ha dicho que no tiene "ni idea" de en qué consiste el decreto que prevé aprobar el Gobierno para regular esa etapa.
PORTUGAL. El presidente gallego ha cargado, además, contra los "vaivenes" del Gobierno en la crisis del coronavirus porque "perjudican la imagen" exterior de España", ha señalado en relación al anuncio y posterior rectificación de la apertura de la frontera con Portugal.
Galicia y el país luso comparten 27 pasos fronterizos, de los que únicamente están habilitados tres y en determinados casos, por lo que Núñez Feijóo ha abogado por abrir más pasos al tránsito antes de hacerlo en su totalidad, prevista para el 1 de julio.
FÚTBOL. En cuanto a las pretensiones de algún equipo profesional de fútbol gallego (Celta) para poder jugar con una parte de su público el primer partido en la reanudación del campeonato, el presidente gallego ha explicado que es una cuestión que están tramitando La Liga y el Ministerio de Sanidad, por lo que no puede ofrecer ninguna información.
En caso de que la Xunta retome sus competencias para regular la presencia de público y limitar aforos en espectáculos públicos y deportivos, ha indicado, habría que analizar la cuestión y se tomaría la decisión "más prudente".
De todos modos, en una conferencia de prensa simultánea, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha recordado que el acuerdo para el reinicio de LaLiga es que los partidos se celebren a puerta cerrada, en las condiciones que acordó el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que supervisó su Ministerio.
TURISTAS. El presidente gallego también ha comentado en su intervención las quejas de alcaldes por la presencia de personas de fuera de Galicia en localidades costeras en los últimos días, una actividad prohibida en las fases en las que se encuentran las comunidades autónomas.
Núñez Feijóo ha asegurado que a enclaves turísticos de Pontevedra (Rías Baixas), sobre todo, aunque no solo, han llegado personas de otras comunidades, algo que ha considerado especialmente "grave".
Por una parte, porque los gallegos no pueden, a pesar de haberlo reivindicado, moverse dentro de la comunidad y por otra, ha continuado, porque si en Galicia está "controlado" el virus la llegada de personas de fuera tendría que estar controlada.
"Pedimos raciocinio y 'sentidiño'. El Gobierno no puede prohibir lo menos -movimientos dentro de Galicia- y mirar a otro lado en lo más -llegada de personas de otras autonomías-", ha resumido.
CENTROS DE DÍA. El presidente de la Xunta ha subrayado con respecto a la apertura de centros de mayores, que "los criterios de sanidad van a prevalecer sobre cualquier otro criterio", pero que septiembre es "un horizonte" marcado y que "no se cierran a otras posibilidades", como adelantar la reapertura de estos locales.
Así, ha insistido en que los criterios de sanidad seguirán siendo los que rijan la acción del Gobierno autonómico una vez se alcance la fase 3 y siguientes situaciones, con seguimiento de contagios, número de PCR y posibilidad de que haya rebrotes. "Seguiremos informando a las familias y tomando decisiones", ha contestado a la pregunta de si la Xunta se replantea abrir antes de septiembre los centros de día de mayores y escuelas, que fueron cerradas hasta esa fecha, mientras que ya se ha avanzado que sí habrá campamentos de verano en el mes de julio.
Feijóo ha recordado que una de las primeras decisiones, antes del estado de alarma, fue "cerrar" los centros de día, que son aquellos que reciben a personas durante la jornada y que luego vuelven a pernoctar a sus casas, algo que ha comprendido que afecta a muchas personas.
"Nos parece una decisión que no es menor y por eso aprobamos un bono de 500 euros al mes", ha apuntado el mandatario autonómico quien, en todo caso, ha admitido que "van a seguir estudiando este asunto y, si fuera posible antes de septiembre la reapertura", se "tomaría" esa decisión.
SERGAS. Núñez Feijóo ha asegurado también que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) intenta "ser absolutamente respetuoso" tanto con sus listas de contratación como con la decisión, "apoyada por los sindicatos", de mantener hasta "finales de año" a las personas contratadas para atender a la pandemia de la Covid-19.
De hecho, ha relatado que "algún hospital interpretó de forma inadecuada" y dejó sin efecto "algunos contratos", tras lo cual los sindicatos sugirieron a la Administración "que debería mantener todos los contratos hasta, por lo menos, finales de año". "Y fue lo que hicimos", ha afirmado Feijóo, quien ha dicho que solo tiene constancia de la posición "en contra" de una de las organizaciones -la CIG-.
"Parece ser que hubo una serie de personas, hace unas semanas creo que 80, que habían sido contratadas no por patología Covid sino por otras decisiones y ahora se vieron suspendidos sus contratos y nos pidieron, dado que estaban en las listas, volver a ser contratadas. Y la respuesta de la Comunidad fue que sí", ha resumido.
En vista de ello, ha sugerido que, dado que el Sergas mantiene estas dos posturas, "a nadie se le puede criticar por una cosa y la contraria". "Estoy convencido que la mayoría de sindicatos lo entienden perfectamente", ha añadido.
SEIS MILLONES EN MATERIAL SANITARIO. Por otra parte, el Gobierno gallego ha aprobado este viernes la compra de casi seis millones de euros para comprar material sanitario de protección tanto para trabajadores como para pacientes.
Así, este montante se destinará a adquirir más de 54 millones de guantes de examen de nitrilo y vinilo; casi 265.000 mascarillas FFP2; 64.500 mascarillas FFP3; 1.500 kits de detección del virus; y varios medios de transporte en el contexto de la lucha contra la pandemia.
"Es material que necesitamos tener depositado ante posibles eventualidades y porque las mascarillas y los guantes se utilizan de forma masiva en todos los hospitales, en los centros de salud y en las residencias de la tercera edad y de discapacidad", ha explicado Feijóo en su comparecencia.
Además de estos casi 6 millones de euros, el Consello ha autorizado la contratación de diversos suministros de inversiones en el área sanitaria de A Coruña y Cee para hacer frente a la pandemia. Son más de 500.000 euros para, entre otras cosas, ampliar unidades de críticos, adaptar servicios de urgencias y el dispositivo extraordinario de atención de emergencia.
