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Galicia llevará al Supremo el veto a la caza del lobo si el Gobierno no recula

Un cazador. ADP
Un cazador. ADP
Las comunidades loberas, entre ellas Asturias, gobernada por los socialistas, presionan para retirar la prohibición y piden una negociación en la que se dé voz a los ejecutivos autonómicos

La Xunta ha acordado con los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Asturias y Cantabria acudir al Supremo en caso de que el Ejecutivo estatal siga adelante con su proyecto de prohibir la caza del lobo en el conjunto del país, que entraría en vigor el próximo 25 de septiembre. De esta forma, las denominadas comunidades loberas forman un frente común de presión contra una norma que levanta aversión entre los ganaderos, que temen que la población de cánidos salvajes se multiplique, con la consiguiente amenaza para los animales estabulados y las pérdidas económicas que ello acarrea.

Esta entente la sellaron este martes en León los responsables de medio ambiente de las cuatro citadas comunidades, con la conselleira Ángeles Vázquez por parte de Galicia. La melidense, en su intervención ante los medios, exigió al Gobierno "diálogo, la retirada de la orden ministerial y empatía" porque, a su juicio, "no se puede proteger en exceso una especie en favor de otras".  En este sentido, recordó que "España tiene un buen número de manadas de lobos y esta especie goza de buena salud".

Tras afear al Gobierno que no contase en la elaboración del plan de protección del lobo con las asociaciones agrarias "por su gran importancia en la gestión equilibrada, de entendimiento y empatía entre el lobo y el hombre ", Vázquez destacó que "todas las comunidades cuentan con un plan de gestión, en el caso de Galicia desde 2009".  Además, hizo hincapié en que desde 2015 se han incrementado las manadas, lo que ha provocado que "hayan aumentado los ataques y los daños a los ganaderos".

MESA DE NEGOCIACIÓN. La conselleira, en línea con sus colegas autonómicos, cree que el plan para proteger a la especia ha de pasar por "una mesa en la que participen las comunidades y las organizaciones agrarias para decidir si el lobo debe formar parte de la lista de especies protegidas o no". Por último , reiteró que "el lobo no es una especie amenazada" e incidió en la "necesidad de tener una respuesta económica porque no puede ser que sea yo quien invito y el resto sean los que pagan".

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