El lunes de la pasada semana, el Concello de Cambados fue el escenario del principal acto celebrado en España con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Narcotráfico. Al mismo tiempo, Naciones Unidas hacía públicas en México sus conclusiones del Informe Anual Sobre Drogas 2017. El análisis de ambos foros y del Informe Europeo Sobre Drogas que realizó la UE ofrece datos ciertamente preocupantes para las Rías Baixas.
El primero, que los cárteles sudamericanos mantienen su mirada fija en Galicia como puerta de entrada en Europa casi exclusiva de los grandes alijos de cocaína a través de pesqueros (otra cosa es lo que ocurre con el tráfico mediante contenedores). El segundo, que la producción mundial de la reina de las drogas ha crecido en al menos en un 30 por ciento en el último año que fue objeto de análisis (Bolivia, Perú y Colombia se llevan la palma). El tercero, como consecuencia del anterior, que el tráfico ha aumentado en porcentajes nunca vistos en la última década (no hay más que valorar los 11.000 kilos decomisados con destino a las rías gallegas en el primer semestre de 2017).
Todo ello sucede, según desvelan las citadas fuentes y detalla con precisión el Informe Anual Sobre Drogas de la Unión Europea, en un escenario en el que la demanda no para de crecer a este lado del Atlántico, teniendo a España como el mejor cliente de las mafias de la droga, por delante de otros grandes consumidores como Francia o Reino Unido.
11 Toneladas incautadas en el primer semestre de 2017
Los motivos principales de que Galicia haya sido, históricamente, la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa son sobradamente conocidos: la presencia de viejas organizaciones que se iniciaron en el contrabando de tabaco con una importante infraestructura marítima unida a la orografía de las Rías Baixas, de difícil custodia por parte de las autoridades policiales.
Precisamente fue la gran presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la que provocó, allá por el 2008, un frenazo en seco a las actividades de estos grupos delictivos, con las históricas operaciones Tabaiba y Giga, que golpearon con fuerza a las organizaciones de lancheros que dominaban las rías. De ahí en adelante se inició un período de unos cinco años en el que los grandes cárteles parecieron perder, en cierta medida, la confianza en sus socios de toda la vida, los gallegos, y los alijos fueron menos habituales. En ese tiempo, Colombia diversificó su oferta y halló en Bélgica y en los Países Bajos una buena alternativa para surtir de droga al mercado europeo, en este caso mediante cargamentos ocultos en contenedores.
El escenario, sin embargo, ha vuelto a cambiar. Los sudamericanos, liderados por las FARC colombianas, se han especializado tras el alto el fuego en su país en el tráfico de drogas. Los cárteles intentan controlar todas las fases del negocio, desde la producción de la hoja de coca hasta su distribución en Europa. Entre medias, cuentan con socios que, por encargo, realizan las labores intermedias. En Sudamérica, producen la droga en los laboratorios (la mayor parte de ellos en plena selva), la transportan hasta los lugares de partida (Barranquilla y Cartagena, en Colombia, y el Delta del Orinoco, en Venezuela, son los principales puntos de partida hacia Europa), la custodian durante la travesía marítima y controlan la entrega que se produce en las Rías Baixas, cuando los gallegos han terminado su faena: las planeadoras salieron al océano, recogieron los fardos en el buque nodriza, las introdujeron en Europa y las ocultaron en una nave o galpón en las provincias de A Coruña o Pontevedra.
Este modelo, que no es más que el sistema clásico de introducción de cocaína en Galicia, tiene éxito entre un 45 y un 55 por ciento de las veces, según los datos que ofrece el citado informe de la ONU.
La entrada de droga por Pontevedra se ha visto favorecida, además, por varios factores. El primero, el endurecimiento de la legislación y de las medidas de control policial en los Países Bajos, la ruta alternativa que habían hallado los colombianos tras la operación Tabaiba. El segundo, los cambios legislativos que dificultan hasta el extremo la labor policial. La Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidroga de Estados Unidos, tiene constancia de la presencia física de los cárteles colombianos en Pontevedra (el último ejemplo, el arresto de varios miembros de Los Boyacos en la Boa Vila).
Sin embargo, la Policía tiene dificultades para que fiscales y jueces apoyen sus investigaciones en base a los indicios aportados por los norteamericanos. De ese modo, ocurre lo que se ha visto en los tres últimos barcos interceptados en altamar: los agentes incautan la droga, detienen a los tripulantes de la embarcación pero no logran desenmascarar a los gallegos, que siguen campando a sus anchas e intentando colar droga.
El motivo es bien sencillo: el beneplácito judicial a ciertas diligencias policiales es tardío, los narcos se percatan de que el barco ha caído y logran deshacerse de las pruebas. Este 'garantismo', considerado excesivo por quienes combaten a las mafias del narcotráfico, se une al empleo masivo de nuevas tecnologías por parte de los investigados y al cada vez más escaso reproche penal que se está apreciando en las últimas sentencias dictadas en Pontevedra y en Madrid, para crear un caldo de cultivo perfecto para que la cocaína siga entrando por las rías.
