La nueva Lei de Saúde permite multar a quien rechace la vacunación si se declara obligatoria

El PPdeG aprueba en solitario la norma entre críticas de la oposición

Pleno del Parlamento. EP
photo_camera Pleno del Parlamento de Galicia celebrado este martes. PEPE FERRÍN

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes, con los votos a favor del PP —y los de BNG y PSdeG en contra—, la reforma de la Lei de Saúde, que establece multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública. Se contempla entre ellas la "negativa injustificada" a la vacunación en el caso de que las autoridades establezcan su obligatoriedad. 

Los partidos de la oposición han criticado esa "vacunación obligatoria" por considerar que solo servirá para "dar alas a los negacionistas" de la pandemia, mientras que el PP ha rechazado esa "supuesta obligatoriedad", ya que asegura que solo se podrá establecer "en circunstancias muy concretas"

Esta reforma de la Lei de Saúde de 2008, promovida por el Gobierno gallego pero presentada como proposición de ley por el PPdeG, establece como sanciones muy graves, con multas de más de 60.000 euros los incumplimientos de la obligación de usar la mascarilla o la "negativa injustificada" a la vacunación "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población". También la "falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento" o de la "obligación de cuarentena" de forma "repetida o reiterada", según figura en el texto elaborado frente a la pandemia de covid-19. 

La multa por no llevar mascarilla se establece en un mínimo de 100 euros. Y entre otras infracciones leves también figuran hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Además, faculta a las autoridades sanitarias, en cada caso, a "adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población". Esas restricciones pueden ir desde la incautación de productos hasta el cierre de empresas, la limitación de horarios u ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales, así como medidas de control de personas enfermas y sometimiento a tratamiento o a cuarentena, entre otras. 

La oposición ve la reforma un "dislate absoluto" mientras los populares defienden que se intentan "cubrir las lagunas" de la legislación vigente para "luchar mejor contra la pandemia"

Las medidas se adoptarán "de forma motivada, tras evaluar los principios científicos" y siguiendo "el principio de precaución", pero podrán establecerse "aunque siga existiendo riesgo de incertidumbre científica" cuando "se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población". 

OPOSICIÓN. Para el diputado del PSdeG Julio Torrado esta reforma es un "dislate absoluto" porque incluso "su encaje legal es más que discutible", ya que restringe derechos y libertades individuales que solo competen a la normativa estatal, aparte de pretender instalar "un estado de excepción permanente". 

A su juicio, "obligar a vacunar es como querer evitar los accidentes e tráfico prohibiendo los coches", en lugar de apostar por concienciación, y es una medida que solo servirá para "alentar al negacionismo" y una reforma que cree que solo tiene equiparación con la que está preparando el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. 

"Los negacionistas que ustedes mismos alimentaron están ahí fuera haciéndole el caldo gordo al Gobierno", ha lamentado Torrado, quien ha argumentado que su partido no puede apoyar esta ley por "rigor, sensatez y por la convicción plena en la ciencia" que parece que la Xunta "no tiene". 

Según Iria Carreira, del BNG, el problema para la población gallega "no es que no quiera vacunarse sino que no puede" porque no hay suficiente vacunas que ponerles. Por eso, ha advertido de que "el problema real no es el discurso negacionista", al que ha considerado que la Xunta "da alas" con esta ley, sino la falta de dosis y de personal. 

Además, ha dicho que es "un grave error" enfocar un problema de salud pública como si fuese de orden público, en lugar de aprovechar la ley para reforzar el sistema sanitario, por lo que no le ve más sentido que "intentar esquivar" la responsabilidad de la Xunta ante esta pandemia para derivarla en la población gallega. 

La diputada del PPdeG Encarnación Amigo ha argumentado que "esa supuesta obligatoriedad de las vacunas" no es tal, sino que en el texto figura, al respecto, solo "en circunstancias muy concretas", y ha instado a la oposición a apoyar la reforma y no ponerse del lado de los negacionistas. Ha defendido que con esta reforma los populares intentan "cubrir las lagunas y carencias de la legislación vigente para luchar mejor contra la pandemia" ante la "inacción" del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que cree que la oposición gallega está defendiendo. 

Correos y protestas
Durante la tramitación de la ley se detectó una campaña de correos masivos en la web del Parlamento gallego con contenido negacionista en relación al coronavirus y antivacunas. 

Además, el pasado sábado una manifestación negacionista recorrió las calles de Santiago contra lo que sus promotores denominan "ley Auschwitz". Asimismo, este martes, decenas de negacionistas se concentraron ante la Cámara en contra de la ley con carteles en los que se podía leer mensajes como 'La televisión en el virus'. En ambas movilizaciones, se ha podido ver a algunos manifestantes sin mascarilla o con ella bajada. 

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