La última jornada de huelga de los funcionarios de prisiones en Galicia ha concluido, según han trasladado representantes sindicales de A Lama, Teixeiro, Monterroso y Pereiro de Aguiar, con "un amplio seguimiento" y también tensión e incidentes ante algunos centros penitenciarios.
Es el caso de A Lama, donde, según las fuentes consultadas por Europa Press, los servicios mínimos entraron con retraso y hubo tensión con la Guardia Civil, toda vez que las centrales entienden que sus derechos fueron "vulnerados" al no dejar que los piquetes "informasen" de los motivos por los que se han convocado estos paros. El seguimiento, en todo caso, ha sido elevado, de en torno al 90%.
En Teixeiro, ante una situación similar de dificultar la entrada de los servicios mínimos, "la cuerda se tensó", en palabras de alguna de las centrales consultada por Europa Press, y hubo "una carga" por parte de los efectivos de intervención, de forma que los piquetes fueron "desalojados". La participación ha sido "total, del cien por cien".
En Monterroso, la participación fue del 90%, y al igual que en Bonxe, aún sin incidentes significativos, los servicios mínimos entraron tarde.
Mientras, en Pereiro, la última jornada de huelga ha transcurrido sin incidentes y también con un seguimiento amplio superior al 81% en jornada diurna y de un 100% en la nocturna.
SENTARSE O NUEVAS MOVILIZACIONES. Finalizada la última jornada de huelga, a la espera de nuevas decisiones que se adopten por parte de la plataforma convocante en Madrid –que integran CSIF, Acaip, UGT y CC OO–, representantes sindicales han trasladado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene "un plazo de 72 horas" para decidir si se sienta a negociar o retomarán las movilizaciones.
En cartera tendrían, según las fuentes consultadas por Europa Press, una gran manifestación en Madrid. Durante esta jornada, más de medio millar de trabajadores de prisiones gallegas se han manifestado por las calles de Pontevedra.
REIVINDICACIONES. Portavoces de los sindicatos convocantes recuerdan que sus reivindicaciones pasan por mejoras, que no son sólo económicas, sino también de carácter laboral.
Entre estas últimas, reclaman que los empleados de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, no sólo como la Policía y la Guardia Civil, sino como el personal facultativo y educativo, y más recientemente los conductores de transporte público.
Para los sindicatos, el hecho de no tener esta consideración genera una "indefensión absoluta" a los trabajadores, ya que sin ella la mayor parte de las agresiones que sufren en el ejercicio de su función y que no tengan reconocido un daño físico constatable, "quedan en multas" que al final "quedan en nada" al ser insolventes sus autores.
El representante de Acaip Marcos Blanco ha advertido que las medidas de presión se irán incrementando hasta conseguir que sus reivindicaciones sean atendidas. "Porque nos tengan escondidos en prisiones alejadas de los centros de la ciudad no vamos a parar", sostuvo este portavoz.
Los sindicatos se sienten respaldados por los funcionarios para continuar con sus demandas hasta conseguir que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se sienten a negociar con ellos para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los funcionarios de prisiones.
