Fernández defiende la actuación de la junta de gobierno en el caso Bedoya

El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha expresado su "rotunda confianza" de que la junta de gobierno de 2008 "actuó correctamente" y "dentro de la más estricta legalidad" en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya, por la que está imputada toda la junta local de ese año.

El juzgado de instrucción número 1 de Ourense recibió este mediodía la declaración del alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, en relación con supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de remodelación de la calle Bedoya cuando era concejal de Economía.

Antes de comparecer ante el titular del juzgado, el regidor socialista manifestó que se ponía "a disposición de la justicia" para "tratar de aclarar cualquier asunto, cualquier duda" que planteen tanto el fiscal como el juez.

El regidor ourensano, que prestó declaración por espacio de una media hora, cree que la junta actuó "correctamente y dentro de la más estricta legalidad" en la adjudicación de estas obras.

Además, negó tener conocimiento alguno de la supuesta existencia de informes negativos como había puesto de manifiesto el jefe de servicio y el interventor municipal en una reunión previa a la redacción de los pliegos, según aparece en el auto.

"La junta de gobierno no tenía conocimiento de informe de ningún tipo al respecto", indicó Fernández, quien pidió "igual trato" para la junta de 2006, con el PP, que fue investigada por la compra de altavoces al propietario de Jolper y actual portavoz de D.O, Gonzalo Pérez Jácome y cuya denuncia fue archivada.

En este asunto, Fernández lamentó que la fiscalía "se pronunció de forma rotunda y clara", en el sentido de que no existe motivo para seguir adelante con el procedimiento por lo que se ha preguntado, "¿por qué no se hace aquí en esos términos?", abundó.

El grupo Democracia Ourensana, impulsó la denuncia por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya, valoradas en unos 593.000 euros, mediante procedimiento negociado sin publicidad, admitida a trámite en el juzgado.

Por estos hechos, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, imputó en el marco de estas diligencias a la totalidad de la junta de gobierno conformada por concejales del PSOE y el BNG.

La toma de declaraciones las lleva el juez Leonardo Álvarez, a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva la recusación al juez Antonio Piña impulsada por el exregidor Francisco Rodríguez y la titular de Urbanismo, Áurea Soto, contra el magistrado por su supuesta relación de amistad con un cargo de DO, partido que impulsó la denuncia.

El magistrado investiga una posible "concertación" entre las tres empresas participantes. Dos de ellas, OCASA y Betunes y Firmes, compartían participación empresarial e incluso administradores, y la tercera Opain S.L, "completaba terna con frecuencia con las dos anteriores en otros procedimientos negociados".

Mañana han sido citados a declarar el resto de componentes de la junta que adjudicó las obras: la concejala del PSOE Marga Martín, y también Isabel Pérez, Marta Arribas y el ex teniente de alcalde Andrés García Mata, entonces responsable de Infraestructuras, por parte del BNG.

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